Pecado de codicia

Bolivia

Por Antonio Peredo Leigue

Abril 16, 2006

A propósito de la Semana Santa, en que los cristianos renuevan su fe, estoy convencido que hacen un repaso de esas leyes divinas llamadas “los 10 mandamientos”. Entendiendo que no son fáciles de acatar, hay uno más difícil: “no codiciarás la casa de tu prójimo”, respecto del cual debieran reflexionar largamente. Para completar la idea, recuerdo una máxima de viejas tradiciones griegas: “los dioses castigan a los hombres, cumpliendo sus deseos”.

Ocurrió que, en un momento de euforia retenida durante muchos años, volvió a plantearse aquella vieja aspiración de las regiones: autonomía, como reacción ante el centralismo absorbente del gobierno nacional. Surgió como un pedido, rápidamente se convirtió en exigencia y poco después estalló como ultimátum. La fuente de donde surgió este pedido-exigencia-ultimátum fue el Comité Cívico pro Santa Cruz de cuyo seno, y de tanto en tanto, se pronunciaba tal reivindicación.

Fue oportuna la instalación de un gobierno transitorio, seguido de otro aún más precario, para que concretaran sus aspiraciones. Claro que se esforzaron para alcanzar su propio gobierno en lo inmediato, pero debieron resignarse a esperar que se cumpliese otra demanda que estaba por encima: la instalación de la Asamblea Constituyente. Empero, con la presión, obtuvieron un premio inesperado: la convocatoria a elección de prefectos.

Pero ¿de qué se trata la autonomía departamental? Habría que discernir dos conceptos: la capacidad y posibilidad de contar con las atribuciones suficientes para definir, proyectar e implementar aquellas decisiones que contribuyan al desarrollo regional y, en otra percepción, la autoridad absoluta para manejar los recursos naturales, económicos y financieros en beneficio propio, prescindiendo del estado en que se halle el resto del país.

Autonomía para pocos

La tendencia al absolutismo regional es la característica de la propuesta planteada por el comité de Santa Cruz. Facultad exclusiva para negociar exportación de recursos naturales, delegación para recaudar impuestos nacionales y disponer hasta dos tercios de los mismos, autoridad para regular la migración de bolivianos de otras regiones, exclusión de cualquier intervención del estado central sobre sus decisiones, capacidad de gestionar acuerdos internacionales y mantenimiento de la obligación del Estado nacional para subvenir los rubros de educación, salud y otros servicios.

La pretensión de esta particular concepción autonomista fue sagazmente difundida, hasta lograr la adhesión de los comités cívicos de otras regiones que se sintieron postergadas desde siempre. Así se conformó un principio de entendimiento entre los comités de algunos departamentos, al que llamaron “media luna”; la intención, no dicha pero evidente, era definir una separación entre las tierras altas y las tierras bajas de Bolivia. No prosperó, pero se prendió en la imaginería de la clase media, como un desafío o como un peligro.

Aunque, en el proceso de cambios que vive el país, ha podido incorporarse la reivindicación autonomista, es cierto que la presencia imponente de la Asamblea Constituyente, define otro marco de referencia. Los requisitos y las atribuciones que establezcan el carácter de la autonomía departamental tendrán que darse en esa decisiva cita; no hay otra alternativa.

Sin embargo, los voceros de la tendencia absolutista, aprovechando la elección de prefectos que se dio en diciembre pasado, al mismo tiempo que las elecciones generales, presionan para imponer atribuciones que se convertirían en base indiscutible de una autonomía a su modo.

La imposición de medalla y bastón de mando al prefecto de Santa Cruz, el declarado propósito de concretar acuerdos internacionales del prefecto de Tarija, son atisbos bastante claros de las pretensiones de hegemonía que han alimentado los grupos de poder regionales.

Lanzada la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente y, simultáneamente, para referéndum sobre autonomías departamentales, han lanzado una ofensiva tendiente a obtener mayoría sólo en algunos distritos, donde creen poder tener el control. Si los departamentos del altiplano y los valles, en los que obtiene amplia mayoría el MAS, votan en contra de las autonomías habrán logrado su pretensión de dividir al país, con gran contentamiento de quienes consideran que, sus negocios, mantendrán los grandes beneficios por la explotación de recursos naturales sin mayor control.

Boomerang político

“Los dioses castigan a los hombres, cumpliendo sus deseos”, decían antiguamente. Y aunque muchos olvidaron la sentencia, los hechos se empeñan en recordarla.

Una autonomía obsesionada con el rápido enriquecimiento proveniente de la explotación de los recursos naturales, despertó reacciones inesperadas. Las provincias que se asientan sobre los grandes yacimientos de hidrocarburos, reclaman ahora los beneficios que cobran las capitales de los departamentos. Durante una semana bloquearon una importante carretera y suspendieron el suministro de gas a Tarija, una ciudad de casi 200 mil habitantes. Un acuerdo circunstancial, normalizó la situación.

De modo que, tratándose de autonomía, no parece posible, a los grupos que agitaron la bandera autonomista, reclamar derechos en contra de las provincias reclamantes.

De pronto, en varias regiones del país, han aparecido reivindicaciones que se contraponen a las aspiraciones de los comités cívicos. El tema, ha comenzado a manejarse con mucha cautela desde los grupos que, hasta ayer, consideraban que ésta era su carta de triunfo.

Autonomía para todos

Pero no se trata de oponerse a la autonomía, porque las élites dominantes en esos departamentos, pretendan implementar una autonomía absolutista. Al contrario, el referéndum que se realizará el 2 de julio próximo, debe proclamar la autonomía en todo el país. Una autonomía a la que accedan las regiones paulatinamente, a medida que estén preparadas para un régimen de esas características, es el modo correcto en que debe llevarse adelante este proceso.

Tal autonomía, debe definirse en base a principios de integración nacional, solidaridad y productividad. Deberá tener atribuciones suficientes para definir, proyectar e implementar aquellas decisiones que contribuyan al desarrollo regional. Al mismo tiempo, aprender conductas solidarias, no circunscritas a una contribución monetaria, sino la planificación incluyente en planes de desarrollo conjuntos con otros departamentos de menor desarrollo. Y, por esto mismo, aquellos planes se orientarán a mejorar las condiciones de productividad propias y de las otras regiones.

Bolivia puede emprender el camino de la autonomía, siempre que sea incluyente, productivo y solidario. La concepción egoísta sólo provocará un fracaso debido, como tantas otras veces, a la mezquindad de los intereses de grupo.