Compartimos a continuación un escrito que nos llega
desde La Paz en donde se analiza el papel de la Policía y las Fuerzas Armadas
en el Golpe de Estado. El texto es muy esclarecedor y no sólo recomiendo que se
lo lea sino también que se colabore en su difusión. Uno de los problemas más
graves con que se enfrenta hoy la resistencia al golpe
«militar-policial-supremacista» es el formidable blindaje informativo que
ofrece la oligarquía mediática boliviana y mundial. ¡Ayudemos a romper esa
coraza de mentiras, difamaciones y «posverdades!!
Tomado de https://atilioboron.com.ar/
Por Ernesto E. Telmo
Rencor histórico en las entrañas
del aparato político fascista.
Bolivia vive un momento más de desgarramiento
social y político en su larga historia de inestabilidad y golpismo
cívico-policial-militar. Lo que le ocurre, más allá de la tragedia que vive
este pueblo heroico, tiene demasiadas paradojas como para dejarlas pasar por
alto. La primera de ellas es la hasta ahora incomprensible aventura destructiva
de un país que enfilaba al siglo XXI por la ruta inédita de ser ella misma.
Nunca como ahora el país había logrado lo que muchos otros envidian para sí
mismos: crecimiento económico sostenido, estabilidad política, unidad nacional
en construcción e inserción internacional respetable, amén de los logros
sociales y la derrota secular de las dos maldiciones del subdesarrollo: extrema
pobreza y analfabetismo.
La segunda paradoja es sostener que hubo sucesión
constitucional cuando en realidad de lo que ocurrió fue un asalto planificado
al poder. Desde la realización de cabildos sucesivos en el país como simulación
democrática hasta el motín policial lo que hubo fue un manejo del tablero
político arteramente orquestado, desde tiempo atrás,en las entrañas del imperio
con la complicidad de las élites regionales racistas que se enfundan en una
religiosidad casi macabra. Yanine Añez, autodenominada “Presidenta
Constitucional”, explica una ascensión ilegal e ilegítima al poder que no es
más que el corolario del diseño golpista tejido finamente durante los últimos 3
o 4 años. Este remate fascista estuvo precedido por un conjunto de operaciones
encubiertas que se desplegaron sistemáticamente y que los órganos de
inteligencia fueron incapaces de advertir o que los encubrieron.
La terceraparadoja es el penoso papel de los medios
de comunicación que cuando se les antoja se llaman democráticos, transparentes
e independientes. Hoy, apenas son un manojo inescrupuloso y ruin de información
sesgada o para decirlo brevemente constituyen una maquinaria de manipulación
vergonzosa al servicio de los intereses empresariales monopólicos. Junto a la
planoplia de la mentira sistemática, dirigida desde la diplomacia pública
norteamericana, las redes sociales cumplieron el perverso papel de filtrar
desproporcionadamente, en contenido como en alcance, sólo la supuesta “maldad
masista, incluido el fraude descomunal”, encubriendo al mismo tiempo la
brutalidad y la violencia del paramilitarismo comiteísta cruceño, de las bandas
armadas cochalas o del sicariato paceño.
La cuarta paradoja tiene que ver con el papel de la
estructura monopólica de la violencia legítima destinada a proteger el Estado y
al ciudadano cuando en la realidad lo que ahora produce es violencia, muerte y
terror estatal para sostener un régimen ilegítimo contra la voluntad popular
mayoritaria. Nunca como ahora policías y militares enfundados en la
supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera
llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde “cuartos de guerra”.
Cobijados por el nuevo régimen violento militares y
policías conviven hermanados por la sangre y el luto de decenas de bolivianos
en medio de sus odios ancestrales con un mando político transitorio que ignora
su controversial pasado.
¿Cómo entender que militares y policías, cuyo
rencor recíproco a lo largo de más de un siglo, que marcó a fuego sus distantes
historias institucionales, soporten hoy la estructura gelatinosa de un régimen
que solo ha producido muertos y heridos?
Más allá del surrealismo que nos envuelve, policías
y militares libran en medio del golpe de Estado una guerra silenciosa que no
parece cesar a pesar de la cantidad de muertos que lleva el sello de sus armas
letales. El encono que envuelve a ambas instituciones cuya historia no termina
de despejarse en el siglo XXI tiende a constituirse en el límitereal del
régimen golpista.
Los síntomas del encono empiezan a salir a flote en
medio de las turbulentas manifestaciones sociales. Ambos frentes represivos se
acusan mutuamente de haber disparado contra civiles indefensos
responsabilizándose en medio de la convulsión social. Policías acusando a
militares y militares acusando a policías es una constante que tiende a
profundizarse a medida que pasan las horas.
El tragicómico papel de la Fiscalía General del
Estado apareciendo en escena tratando de calmar el pánico corporativo con el
argumento de que las muertes se produjeron por “armas largas” es ya un síntoma
de la crisis que se anuncia irreversible. Por su parte, para evitar más conflicto
entre ambos y para distraer la atención de la opinión pública el sector radical
del gobierno, asesorado por agencias norteamericanas, apela al fácil expediente
de culpar a extranjeros armados como las FARC, cubanos, colombianos y
venezolanos, por las muertes que dejan a su paso las fuerzas represivas
oficiales.
La disputa perenne por preservar la cercanía al
poder político desde ambas instituciones empieza a producir sus propios cismas
internos con las consecuencias de una posible debacle del gobierno golpista y
fascista sustentado en el poder de las bayonetas, los gases y el
plomo.
Los militares
por dentro
Después de 16 años de haber ejecutado una de las
mayores masacres sangrientas contra el pueblo de El Alto que supuso sanciones
penales y encarcelamiento para los mandos de la época, las FFAA retornaron a
las calles vestidos con su inconfundible kaki norteamericano con la misión de
enfrentar la escalada de conflictos sociales en todo el país. El domingo 10 de
noviembre, el Comandante en Jefe de las FFAA, Gral. EjtoKalimán, aparentemente
desconcertado y con voz trémula dispuso la salida de las FFAA a las calles cuyo
resultado trágico hasta hoy supera los 20 muertos. La mitad de las víctimas,
mayoritariamente jóvenes, corresponde a la “Masacre de Sacaba” del último fin
de semana. Nada hace prever que esta decisión conduzca a Kalimány sus
comandantes sayonesal mismo lugar donde cumplen sentencia sus antecesores
responsables de la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003.
La decisión de Kalimán que contrastó radicalmente
con la del presidente Morales constituye una de las expresiones mayúsculas del
fracaso educativo y pedagógico de las FFAA en situaciones de crisis política.
Evo Morales renunció precisamente para evitar muertes innecesarias a contrapelo
de Kalimán que dispuso la salida de los militares con las consecuencias
conocidas.¿Quién le impuso a Kalimán la orden para la salida de los soldados a
la calle? ¿Qué motivó que esta decisión sea modificada 24 horas después, cuando
le comprometió a su Capitán General que no movería ninguna unidad militar
pretextando falta de equipo, munición y agentes químicos?
La autonomía política del GralKalimán en el momento
de mayor crisis social y política que precipita el golpe definitivo retrata de
alguna manera no solo el fracaso del mando político sobre la milicia sino la
incomprensión de sus ethos profesional, su cultura e ideología corporativa
conservadora, pragmática, oportunista e inmediatista. Ni siquiera el
funcionamiento autista de la Escuela Antiimperialista sirvió para moderar la
decisión de Kalimán en circunstancias que requerían un mínimo de fidelidad
estatal.
El Alto Mando jugó su carta más crítica apoyado en
conversaciones previas con Luis Fernando Camacho y funcionarios de la embajada
de los EEUU. No hay que olvidar que Kalimán fue agregado militar en Washington
durante un par de años y que una parte de su familia permanecía en los
EEUU.
Actualmente, el personal militar que ocupa la
cadena de mandos medios se encuentra en el dilema de salir a las calles para
seguir reprimiendo a la gente o mantenerse en sus cuarteles debido a las
funestas consecuencias derivadas de su intervención callejera. Pero la duda más
fuerte surge de la responsabilidad militar o policial una vez retorne la calma
al país. Muchos de los oficiales consideran que la Policía echará bajo los
hombros de las FFAA toda la responsabilidad de los muertos y heridos puesto que
solo ellos usan armas de grueso calibre. El cálculo postconflicto está
empezando a minar la confianza de las bases en sus mandos a los que consideran
irresponsables e inoportunos.
La valoración sobre la gestión de Evo Morales
recorre los pasillos de los cuarteles. Sostienen que Evo los mantuvo fuera de
todo conflicto social durante 13 años,situación que permitió que se
incrementara su legitimidad institucional ante la opinión pública frente al
descrédito de la Policía por sus evidentes actos de corrupción e indisciplina.
Los oficiales admiten que su nivel salarial y su calidad de vida cambió
sustantivamente con el “proceso de cambio” al mismo tiempo que su incursión en
tareas sociales permitió ser considerados por el gobierno como“soldados de la
patria”. El pago del bono “Juancito Pinto” o de la “Renta Dignidad” o su papel
en la gestión de los desastres naturales encomendada a las FFAA permitió un
acercamiento sensible a la sociedad. Además de lo anterior la valoración acerca
del incremento del presupuesto de defensa, compra de activos y mejoramiento de
la calidad de vida del soldado forma parte de sumemoria inmediata.
Empero hoy, y a menos de una semana, un régimen de
facto, comandado por un grupo político radical y dirigentes religiosos
fanáticos está conduciendo a las FFAA a enfrentar el desprecio mayúsculo de la
sociedad y la condena internacional cuyos efectos difícilmente será superados
en las próximas décadas.
Al grito colectivo de ¡militares asesinos¡en las
calles los mandos medios temen sufrir consecuencias como las siguientes: 1)
deserción de soldados en medio del conflicto, lo que significa una derrota
moral sin precedentes, 2) Pérdida de poder en espacios que Evo Morales había
logrado construir para garantizar su fidelidad como es el caso de la Seguridad
Presidencial (USDE), acceso a cargos públicos de alto nivel (gerentes de
empresas estatales) e inclusive a cargos diplomáticos, 3) Desprestigio
institucional que derivaría en la disminución dramática de conscriptos para el
servicio militar obligatorio que en realidad es la que justifica su existencia
institucional, 4) Repudio popular permanente en las calles, 5) Procesos
penales.
La desazón militar frente a los acontecimientos y
el elevado número de víctimas fatales producto de la represión está conduciendo
al cuestionamiento de sus altos mandos y a un nivel de desconfianza interna sin
precedentes. En un radiograma enviado a las unidades militares de la 8va
División del Ejército desde el Comando en Jefe de las FFAA del 14 de noviembre
del 2019 se dispone que el cuerpo de oficiales “vigile la conducta de los
cadetes, alumnos y soldados originarios de la región del Chapare dentro de
todas las actividades que se desarrollen en las unidades”. Disposición de esta
naturaleza solo expresa un temor casi visceral sobre sus propios soldados
ratificando una vez más su condición de fuerzacivilizatoria y de ocupación
colonial.
Este radiograma expresa el miedo atroz al mundo
indígena pero a su vez el desprecio y la desconfianza que le genera su
presencia en las FFAA. Una verdadera aberración cultural y corporativa después
de más de 35 años de democracia y 13 años de una aparente inclusión indígena en
las FFAA. Este es el mejor ejemplo del fracaso de la presunta democratización
militar y de la convivencia plurinacional e intercultural en el mundo
uniformado.
Muchos oficiales sensibles al conflicto histórico
con la Policía cuestionan la decisión desacertada e inoportuna de Kaliman
porque habría “salvado” a la Policía en un momento clave de su crisis
operativa. La quema de la whipalapor efectivos de la Policía y el retiro de ese
símbolo de su uniforme produjo un profundo malestar social que motivó ataques
contrasus instalaciones obligándolas a clamar apoyo militar para ser salvados
de la ira popular. El agravio contra la bandera reconocida constitucionalmente
produjo un quiebre entre Policía y población rural e indígena.
Lo cierto es que el odio proverbial entre militares
y policías no deja de fluir en medio de un golpe grotesco que se sostiene en el
uso irracional de la fuerza y en la conducta racista del gobierno que tiene
mucho parecido a las añejas dictaduras militares guiadas por consignas
ultramontanas extranjeras.
El golpe de Estado contra el proceso democrático
liderado por Evo Morales tiene el sello inconfundible de las FFAA como actor
protagónico aunque fue la Policía Nacional quien encabezó el golpe desde la
ciudad de Cochabamba el día viernes 8 de noviembre. Al parecer, el
domingo 10 de noviembre del 2019 pasará a la historia como uno de esos días
tragicómicos en el que un general mediocre y oportunista como Kalimán, con un
Estado Mayor pusilánime y envilecido, decidieron resignarse a servir los
intereses de una Policía éticamente descompuesta, moralmente destruida y
patéticamente circense que usó la biblia como escudo religioso para legitimar
su sobrevivencia.
Algunos sectores de las FFAA consideraban que el
asedio popular contra la Policía constituía el mejor momento para saldar
cuentas por los hechos ocurridos en febrero del 2003. En aquella ocasión
policías francotiradores, entrenados por los EEUU, asesinaron cobardemente a
varios soldados del Regimiento Escolta Presidencial cuando una muchedumbre
pretendía ingresar al Palacio de Gobierno en reacción a una medida económica
antipopular. Según muchos oficiales, Kalimánse convirtió en un héroe
proverbialde las vergonzosas jornadas golpistas policiales, un hecho jamás
imaginado por las FFAA.
Triste papel político el de los militares que
tuvieron que salvarle la vida a su histórico enemigo acérrimo cuando éste
estaba al límite de su colapso represivo. El Comandante Departamental de la
Policía de La Paz imploraba con lágrimas en los ojos ayuda a las FFAA para
sostener el asedio de los movimientos sociales que pugnaban por la destitución
de la presidenta autonombrada.
El apoyo militar a una policía languideciente en un
escenario de disputa política fue un episodio excepcional. En 1952 el Ejército
había sido derrotado por el movimiento obrero que dio lugar a que la Policía se
montara en la espuma revolucionaria para vengarse del mal trato que los
militares otorgaban a los carabineros de la época.
Normalmente la Policía Nacional se alineaba a los
golpes militares en condición de furgón de cola y con el rabo entre las piernas
en procura de lograr algún festín burocrático. El 10 de noviembre ocurrió todo
lo contrario.
La Policía por
dentro
El golpe de Estado promovido por las fuerzas
policiales desde la ciudad de Cochabamba contra el gobierno de Evo Morales era
un secreto a voces que fue maliciosamente ignorado por el Ministro de Gobierno,
hábilmente manejado por el Comandante General de la Policía y eficientemente
articulado por las fuerzas opositoras de derecha que sabían desde años previos
que la Policía Nacional constituía un aliado formidable para sus planes
desestabilizadores. La oposición, asesorada por agentes externos, hizo trabajo
de relojería dentro de la Policía mientras el gobierno las ignoraba o solamente
apelaba a ellas en casos de conflictividad social
No cabe duda que en la cadena geográfica de control
y mando de la estructura policial el departamento de Santa Cruz y en particular
la ciudad de Santa Cruz constituía el eslabón más débil en el que se construyó
una suerte de pacto de complicidad entre Ministerio de Gobierno y fuerzas
policiales comandadas por mandos vinculados a la constelación delictiva
regional. Paradójicamente, el lugar en el que el delito había adquirido
dimensiones transnacionales y transfronterizas era precisamente en el que se
construyó una arquitectura de regulación policial del delito como en el caso de
la cárcel de Palmasola. De igual manera, esta red de complicidad
político-policial alcanzaba a circuitos mafiosos del narcotráfico,tráfico de
armas, casas de juego o tráfico de tierras en favor de extranjeros cuyo
funcionamiento era operado por policías patrocinados políticamente.
Santa Cruz constituía una suerte de territorio
autónomo policial que fue hábilmente usado por las fuerzas de oposición que
vieron en sus márgenes de autonomía estatal las mejores condiciones para la
conspiración sediciosa armada.
Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales no
se tuvo la capacidad de generar una política de institucionalización,
modernización ni disciplinamiento profesional de las fuerzas policiales.
Contrariamente, los mandos policiales, favorecidos por las rotaciones
continuas, se beneficiaron de privilegios inimaginables a lo que se sumó una
cultura de corrupción escandalosa, torpe o deliberadamente desatendida.
Solo al final del mandato de Morales la Policía fue
beneficiada por un moderno sistema de control territorial en el marco de la
seguridad ciudadana denominada BOL 110 que en buenas cuentas sólo incrementaba
la capacidad de producción de información para fines informales. El soporte
tecnológico sirvió como una concesión graciosa y electoralista que la Policía
lo recibió sin el entusiasmo esperado.
La relación entre gobierno y policía en más de una
década adoleció de fallas estructurales pero la peor de ellas fue encomendar a
un funcionario de alto nivel una responsabilidad central cuando sus prioridades
fueron conducir equipos de fútbol.
Morales enfrentó varios episodios de
insubordinación, motines y sedición policial que fueron aplacados después de
negociaciones complejas pero que nunca lograron resolverse de manera
estructural. Las raíces del descontento policial fueron
retroalimentadasinternamente manteniéndoseeste clima invariable y acumulativo a
lo largo del tiempo. Simultáneamente, las descomunales prácticas de corrupción
policial no recibieron el tratamiento adecuado ni proporcional desde el
gobierno.
Los privilegios policiales, las prácticas de
corrupción así como los amplios márgenes delictivos de naturaleza corporativa
solo operaban y funcionaban en los niveles de mando dejando a los subalternos
apenas las migajas o “mordidas”, situación que potenció el malestar policial
subalterno cuya responsabilidad apuntaba al gobierno nacional.
Por otra parte, la privilegiada relación
político-militar generó profundo resentimiento en la Policía Nacional. Los
policías se veían como ciudadanos de segunda frente al trato considerado del
gobierno a los militares tratados como ciudadanos de primera. La presencia del
Presidente Evo Morales en los aniversarios militares, los discursos solícitos
valorando el trabajo militar así como los privilegios y prerrogativas
concedidas periódicamente constituyeron “golpes sistemáticos ofensivos” contra
una Policía queoperaba cotidianamente en condiciones deplorables.
El tratamiento inequitativo del gobierno nacional
en favor de las FFAA -construcción de edificios, campos deportivos, compra de
equipo y material militar, inversiones costosas en tecnología como radares etc
– alimentó un fuerte rencor antimilitar y antigubernamental dentro de las
fuerzas policiales. La parcialización explícita del gobierno de Morales en
favor de las FFAA fue asumida como una humillación persistente que fue
traducida en una narrativa antigubernamental por el cuerpo de oficiales sobre
sus subalternos desamparados de información.
Además de la displicente relación entre Evo Morales
y la Policía el gobierno nacional llevó a cabo una política de cercenamiento de
sus principales fuentes institucionales de recaudación. Aunque las decisiones
fueron correctas,dirigidas a eliminar la corrupción, ésta fueron interpretadas
de modo distinto por la Policía en su afán de preservar nichos de privilegio
burocrático.
Morales fue mucho más lejos respecto al recorte de
las prerrogativas policiales al asignar a las FFAA la tarea de lucha contra el
contrabando. Las unidades policiales especializadas de lucha contra el
contrabando fueron disueltas y reemplazadas por unidades militares. Los
militares ocuparon la frontera logrando romper redes de ilegalidad y control
territorial que significó una doble amputación: para los grupos delictivos
civiles que vivían del fecundo negocio del contrabando y para los policías que
vivían de la protección de las redes de ilegalidad a las que otorgaban
protección e impunidad.
Fue ésta la Policía sediciosa la que se enfrentó al
gobierno de Evo Morales y la que produjo directa o indirectamente su renuncia.
Nunca antes la Policía había logrado derrocar un gobierno democrático como lo
hizo esta corporación indisciplinada y políticamente enferma.
El golpe cívico-policial no sólo tuvo un componente
político sino también de naturaleza reinvindicativa alimentada por una memoria
de oprobio, privaciones y maltrato.
Los motines policiales reflejaron un odio atroz
contra el gobierno que estaba contenido y que estalló en sucesivas olas
corporativas apoyadas por una clase media que se expresó en las calles dejando
fluir su profundo malestar y desprecio contra un gobierno en plena
retirada.
El golpe policial apoyado e impulsado en las calles
por las protestas clasemedieras dejó entrever su finalidad
multifascética.
En primer lugar sirvió como la mejor oportunidad
para vengarse del gobierno por el conjunto de maltratos y desplazamientos
institucionales, una suerte de catarsis corporativa inflamada en una retórica
de odio y religiosidad que estalló sin que nadie se percatara de su potencial
efecto.
Los motines encarnaban la tarea de recuperar sus
privilegios corporativos que habían sido cercenados por razones políticas y
cedidos a las FFAA por el gobierno nacional. El primer objetivo que logró
recuperar la Policía por sus efectos simbólicos fue la Unidad de Seguridad
Presidencial (USDE) de manos del Ejército. Consumada la renuncia de Evo Morales
la Policía Nacional no tardó ni un minuto en hacerse cargo del dispositivo de
seguridad de la Casa Grande del Pueblo obligando al cuerpo de seguridad
presidencial a su desalojo inmediato de dicho edificio. Los más de 70 miembros
de este equipo especial que protegieron a Morales durante más de una década
tuvieron que replegarse casi de manera humillante al Estado Mayor de las FFAA a
recibir sus nuevos destinos.
De igual manera y por asalto, la Policía Nacional
restableció el control de los edificios del servicio de identificación personal
(SEGIP) que había sido institucionalizado por el gobierno de Morales para
cortar de raíz una de las mayores fuentes de corrupción policial.
La retoma policial de instituciones, espacios y
prerrogativas formó parte de las promesas del caudillo cruceño Luis Fernando
Camacho para precipitarlas al golpe, objetivo que se cumplió casi quirúrgicamente.
En unos de los cabildos realizados en Santa Cruz Camacho se comprometió a
devolverles todas las instituciones “arrebatadas injustamente por el gobierno
nacional” y otorgarles un tratamiento salarial y beneficios de jubilación
similares a los de las FFAA, un incentivo sin duda irrefutable.
Más allá de los complejos problemas que enfrenta el
nuevo mando policial los efectivos están experimentando signos de un peligroso
agotamiento físico después de más de 20 días de trabajo callejero y prácticas
represivas. Empero, la autonomización policial en este contexto de crisis se
traduce en una peligrosa actuación de pequeños grupos que operan con
independencia del mando central. Este clima incierto, con un gobierno que apela
al discurso recalcitrante y un ministro de gobierno impulsado por odios atroces
contra funcionarios de gobierno está promoviendo la constitución de grupos
policiales armados junto a bandas de paramilitares que trabajan bajo una lógica
sicarial y vengativa.
En medio del desconcierto político ha surgido un
nuevo factor de malestar policial generado por la otorgación de 34 millones de
bolivianos a las FFAA para cubrir los costos de la logística represiva. Los
miembros de la Policía Nacional sospechan que estos recursos servirían para favorecer
a los mandos militares traducidos en “bonos de lealtad”. Al mismo tiempo el
malestar se agrava contra el gobierno golpista y contra las FFAA al haberse
aprobado el DS 4078 cuyo objetivo es autorizar el uso de la fuerza militar,
equipos y armas, otorgándoles para el efecto la inmunidad respectiva, condición
de la que no goza el cuerpo policial.
Conclusiones
Está claro que militares y policías constituyen las
cornisas en las que se asienta el poder del gobierno golpista. También parece
claro que estas cornisas sostienen disputas históricamente irresueltas e
irreconciliables que con el paso de los días ofrecerán escenarios de mayor
fractura y polarización. Más allá de su carácter provisorio, un gobierno con
sentido común debiera empezar a conocer aunque palmariamente las profundas
fracturas corporativas para evitar ser derrotados por sus consecuencias.
Afortunadamente, el gobierno golpista sólo mira la sombra y no el hueso y por
ello su tiempo es tan breve como el estallido convulso de ambos cuerpos que
empiezan a retorcerse para anularse o destruirse mutuamente.
Que la sangre llegue al río no depende de los
golpistas, depende en todo caso de las profundas heridas que han vuelto a ser
abiertas bajo un mando político ignorante, arrogante, rabioso y suicida. El
golpismo tiene sus límites paradójicamente en el uso de la fuerza policial y
militar y dependerá de cómo se resuelve este duelo histórico en las entrañas
del poder fascistoide.
Con una Policía Nacional
enajenada por sus múltiples contradicciones internas y unas FFAA desconcertadas
por la dimensión del conflicto y sus futuras responsabilidades política,
jurídicas e institucionales los bolivianos viven un panorama desolador
