En una conferencia de prensa en el palacio de Gobierno, dijo que la estrategia tiene como objetivos desprestigiar la realización de las elecciones judiciales de octubre, dividir a las organizaciones sociales y generar conflictos que obliguen la intervención de la fuerza pública.
Quintana, quien fue ministro de la Presidencia, agregó que la denuncia se basa en documentos desclasificados por instituciones académicas de Estados Unidos.
Aseveró que, en ese marco, la marcha desarrollada por los pueblos indígenas del oriente "forma parte de esa estrategia de desestabilización".
Dijo que la denominada Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID) ha puesto en marcha esta estrategia bajo el nombre de Iniciativa para la Conservación de la Amazonia.
Manifestó que, de acuerdo con las pruebas con las que se cuentan, la Confederación de Pueblos Indígenas del oriente Boliviano (CIDOB) es el "caballo de batalla de la estrategia de desestabilización montada por Estados Unidos".
Reveló que la CIDOB ha recibido de Estados Unidos y sus agencias más de 3,5 millones de dólares para que se conviertan en los "peones de la política ambiental del país del norte".
"La política ambiental de Estados Unidos es el establecimiento de territorios autónomos auto sostenibles parecidos a las reservas indígenas que existen en ese país", dijo.
"Lo que se pretende es la internacionalización de la amazonia andina", agregó, al manifestar que el plan incluye, además de Bolivia, a Brasil, Perú y Ecuador.
Indicó que en Bolivia lo que busca esta conspiración es transnacionalizar la amazonia boliviana del norte, de Pando y la Chiquitanía con ejes de parques nacionales entre el Amboró y el Madidi para que sean objeto de saqueo de parte de las empresas privadas extranjeras.
"Es una estrategia de balcanización del territorio boliviano con la recepción de millones de dólares bajo la lógica de prebendalismo", remarcó.
El Plan estratégico viene desde 2008 hasta el 2012, dijo.
Este proceso incluye el manejo de 100 millones de dólares por parte de Estados Unidos en política ambiental ajena al programa del Gobierno boliviano y con la utilización de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que tientan a los dirigentes indígenas.
"Quieren convertir a estas regiones en reservas similares a las de Estados Unidos para privatizar la explotación de recursos naturales", reiteró.
Quintana dijo que con la misma valentía con la que se expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y a los agentes de la DEA en 2008, hay que asumir la expulsión de USAID como un acto de soberanía del Estado y de defensa del proceso de transformaciones estructurales y cambio.
Agregó que es importante reflexionar sobre el patrimonio y riqueza nacional para defenderlo entre todos, no solamente por los pueblos indígenas.
"Hay que impedir que USAID siga ejerciendo ese espíritu colonial sobre Bolivia y socave la estabilidad del proceso democrático", enfatizó.
Quintana subrayó que la primera fase del plan de desestabilización del Gobierno se dio en 2008 con la puesta en marcha de un golpe de Estado cívico Prefectural y después con un abortado programa de dividir al país con el estallido de una guerra civil.
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