La marcación física a hierro vivo fue una práctica común en tiempos coloniales, pero durante la inquisición, la condena a la tortura y a...
Por Juan Carlos Zambrana Marchetti
La marcación física a hierro vivo fue una práctica común en tiempos coloniales, pero durante la inquisición, la condena a la tortura y a la muerte era presidida por una marcación moral degradante: “hereje” o “bruja”, entre otras. Pero eso no es cosa de un pasado lejano, porque en pleno siglo XX, en la Alemania Nazi, se utilizó una doble marcación en los judíos. Primero la marcación moral con la expresión “judío puerco” para identificarlos y reducirlos instantáneamente, despojándolos de todos los valores y derechos inherentes al ser humano, y después se los marcó físicamente con una numeración antes de ser enviados a las cámaras de gas.
En estos casos la marcación fue perpetrada con impunidad por regímenes totalitarios, pero la historia nos muestra la existencia de nuevas formas de marcación, utilizadas por gobiernos que se suponen democráticos. Ese fue el caso, por ejemplo, de la marcación de “comunista” durante la segunda mitad del siglo XX en el hemisferio occidental, impulsada por la cruzada anticomunista del senador Joseph Mc’Carthty en Estados Unidos a partir del año 1950. Ante la imposibilidad de matar físicamente a personas que no habían cometido ningún crimen, se recurría a provocarles la muerte civil, asociándolas, sin razón alguna, con la criminalidad, y la “amenaza” que representaba el comunismo de Stalin para el pueblo estadounidense. Así se sometía a las víctimas primero a la condena social, luego al aislamiento, y a la miseria por falta de empleo y de crédito, antes de rematarlas con la persecución judicial y el encarcelamiento.
Suramérica también sufrió el azote de esas prácticas de marcación humana degradante contra grandes segmentos de la sociedad. Ese es el caso de la marcación de “indio” para reducir a las personas, y bajarlas del estatus social que puedan tener en el presente, para marcarlas con el estatus de subhumano que supuestamente tenían sus antepasados en tiempos de la colonia.
En Bolivia, por ejemplo, toda la carga degradante que durante siglos se le fue añadiendo a la palabra “indio”, ha sido transferida a la palabra “masista”, que significa afín al MAS (Movimiento al Socialismo), el partido político del “indio” Evo Morales. Esto, por supuesto, después de haber satanizado a ese partido político, con un supuesto fraude electoral que ya ha sido ampliamente desmentido.
En cuanto a la marcación personal con móviles políticos, la Derecha ha intentado marcar a Evo Morales de “indio”, de “hediondo”, de “ladrón”, de “raza maldita” y hasta de “bestia salvaje”, pero más allá de esas marcaciones de connotación racista, también se lo ha intentado marcar con crímenes como el “terrorismo”, el “narcotráfico”, y últimamente la “pedofilia”. Ninguno de estos crímenes, que deben ser juzgados con probidad y condenados con severidad, le han sido probados en corte, pero todos fueron, y siguen siendo, utilizados políticamente para destruir su proceso de cambio, postrar nuevamente al “indio” en general.
Por inverosímil que esto parezca en sociedades avanzadas, en Bolivia las cárceles están llenas de “presuntos” culpables de delitos que no les fueron probados en corte. Personas que están detenidas “preventivamente”, en procesos deliberadamente paralizados, que, además, fueron detenidas por simples acusaciones aberrantes de sus oponentes políticos. La marcación humana degradante, es otro delito que se suma a esta lista interminable de abusos de poder contra el ciudadano, que se cometen a diario en Bolivia. Este delito, por conllevar una falsa acusación, debiera ser severamente penalizado, más aún, cuando tiene móviles políticos orientados a cambiar el curso de la historia de todo un país.
¿Qué espera el Congreso para terminar de una vez con todo este infierno de abuso de poder y corrupción judicial? Lo puede hacer sancionando y promulgando dos leyes muy simples. Una eliminando de raíz la figura aberrante del arresto “preventivo”, y otra imponiendo respeto al precepto jurídico de presunción de inocencia. En ambos casos las normas tendrían que estar blindadas. Por ejemplo, penalizando con 10 años de cárcel el delito de falsa acusación, aplicable a denunciantes, abogados, fiscales, y jueces que se atrevan a dar curso a juicios sin la debida presentación y valoración de la prueba material del delito. También debiera tipificarse, en un segundo nivel de falsa acusación, el delito de marcación humana degradante. Esto es, la acción de asociar, por cualquier medio, el nombre o la imagen de una persona, con calificativos degradantes, o con algún delito por el cual no haya sido legalmente hallada culpable.
Leyes como esas, tendrían que ser aprobadas por unanimidad en el Congreso boliviano, tanto por el 2/3 de representación parlamentaria que controla el MAS, cuyos líderes están siendo perseguidos en el presente, como por el 1/3 restante, cuyos líderes ahora gobiernan, pero después del 18 de octubre, serán acusados de crímenes, corrupción, y otros delitos.
Es hora de que la justicia boliviana salga de la edad media y se adhiera a la modernidad.
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