Bolivia
El Presidente Evo Morales promulgó un decreto que pone en marcha el “Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad”. Muchos en sillas de ruedas y muletas, otros con síndrome de Down y sordomudos, llenaban el gran vestíbulo del Palacio Quemado, la noche del viernes 7 de abril, cuando el presidente firmó el decreto referido.
Fue una fiesta. Minutos antes, los discapacitados, concluyeron un congreso nacional en el que reafirmaron sus demandas; llegaron con algún retraso, pero no podían estar ausentes de este acontecimiento. Se sentían felices. ¿Qué importancia tenía aquel Plan? Si se tiene en cuenta que rige un Código del Discapacitado y están vigentes muchas disposiciones que les favorecen, no parece haber razón para el entusiasmo.
Diez y diez no son veinte
El 10% de la población, en Bolivia (cerca de 900 mil personas), tiene alguna discapacidad. El Código establece la obligación de incorporar, en todas las oficinas públicas, un décimo de personal discapacitado; como el lector se adelantó, esto no se cumple. También se ordena que las alcaldías dispongan y controlen que las calles y los accesos a edificios permitan el tránsito de ellos; unas cuantas rampas en las aceras, no es suficiente. La atención médica debiera ser especializada para ellos, pero no se diferencia del servicio a otras personas. En resumen: hay ley, pero no gestión; en la vieja tradición colonial: “se acata, pero no se cumple”.
La discapacidad motriz, es la más evidente. Muletas, sillas de ruedas, pero también formas rústicas de transporte circulan penosamente por las calles. Nadie se detiene y menos ayuda, para facilitarles el esfuerzo de dirigirse a algún lugar. Otras discapacidades son menos atendidas. Sordomudos de los que nadie se percata, mientras ellos tratan de orientarse en las ciudades brutalmente bullangueras. Ciegos que deben anunciarse con mucho ruido. Jóvenes y niños con síndrome de Down, que entran en el calificativo común de “opas”. Y ¿qué hay de los albinos?, ¿recuerdan a los jorobados?, ¿saben de otras discapacidades?
Para ninguno de ellos hay sitio en la sociedad. La escuela no los recibe, el hospital los desatiende, el comercio los ahuyenta, no hay empleo para ellos; de hecho, se les asigna la reclusión.
No se trata de escuelas, hospitales, comercios o vehículos especializados. Estas “soluciones” los aísla aún más de la sociedad. La inclusión supone que todas las escuelas estén preparadas para incorporarlos y el personal de los hospitales tenga el entrenamiento requerido para atenderlos. Que el Estado establezca las formas adecuadas para incorporarlos al trabajo productivo y en las calles puedan desplazarse como uno más entre cientos.
Multiplicando las sumas
El Plan promulgado por el Presidente Morales tiene el propósito de poner en marcha todas esas disposiciones. Se trata de un ambicioso proyecto orientado a la incorporación de un importante sector de la sociedad, respecto del cual se hacen muchos discursos sin resultados.
Conforme a este propósito, se intervendrá en cinco grandes categorías: en el entorno social y cultural, en los derechos sociales (salud y educación), en sus derechos económicos, en el desarrollo personal y social así como en el desarrollo institucional y organizacional. Se trata de crear una cultura de respeto y trato igualitario, al mismo tiempo que revisar el marco legal para establecer disposiciones obligatorias que garanticen su cumplimiento. En educación, se trata de crear las condiciones que permitan, al discapacitado, asistir regularmente a la escuela local. Los sistemas médicos y sanitarios crearán condiciones de equidad en previsión, provisión y rehabilitación en salud.
Un capítulo especial destaca la prevención de riesgos, teniendo en cuenta que muchas discapacidades se producen por accidentes que pueden prevenirse. Aquí se acentúa la prevención de daños ambientales, pues estos provocan lesiones permanentes. Del mismo modo que se desarrollará una política de prevención de accidentes domésticos.
En cuanto a la vivienda –tarea que es obligación de los municipios- deben darse condiciones de acceso en todos los niveles y, aún más, la creación de programas de provisión de vivienda social a este sector.
El derecho a un trabajo digno, facilidades para que obtengan ayudas técnicas, desarrollo de sus capacidades de autodeterminación, ampliar sus oportunidades de participación social, son tareas obligatorias que establece el Plan. Para esto, se garantizará que la estructura, organización y gestión institucional, para atender a este núcleo poblacional.
El álgebra de los propósitos
Podría ser otro documento que no se cumplirá, como ha ocurrido con códigos, leyes, decretos y otras disposiciones. La diferencia está en la toma de conciencia.
La crisis económica, social y política que vive Bolivia, no se supera con índices de eficiencia, comercio exterior o reservas financieras. El mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sólo es posible cuando se satisface los servicios básicos. No es posible hacerlo distribuyendo premios, becas, subsidios o pensiones; la producción de recursos propios es la condición para alcanzar esas metas. Menos de 9 millones de personas, en un territorio que sobrepasa el millón de kilómetros cuadrados, requiere de la participación de todos.
Visto de ese modo, la incorporación de los discapacitados a esta tarea, que es el objetivo global de este gobierno, no sólo es una obligación para con ellos, sino una necesidad para el país.
En medio de conflictos, que se resuelven con dificultad, dedicarle una atención especial al Plan de Igualdad y Equiparación de Oportunidades, muestra la verdadera perspectiva de esta tarea que se inició el 22 de enero y que debe seguir en los próximos decenios.
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