A poco de andar al frente del gobierno de Bolivia, Evo Morales ya acumula varios dolores de cabeza. La grave crisis económica, la entrega de los recursos naturales y vaciamiento del Estado en un largo proceso que comenzó en las dictaduras de la década del 70 y se agravó con los gobiernos electos, crisis tras crisis, desde 1985, ponen a Bolivia en una situación muy delicada. Entre dos fuegos, el presidente decidió ir a fondo y en poco tiempo, algo muy inusual en la historia reciente del continente. El ajedrez es complejo, y recién comienza.
La primera estocada llegó desde un sector siempre sensible por la amplia repercusión social de sus medidas de fuerza: el transporte. Martes y miércoles de la semana pasada los dueños de buses interurbanos adheridos a la Confederación de Choferes de Bolivia paralizaron el servicio en protesta por la decisión del gobierno de que el sector pase al Régimen Tributario General. Es decir, que paguen impuestos.
No se trata ni más ni menos que de eso: en promedio, los empresarios aportan por cada bus unos 60 bolivianos al año (8 dólares), menos de un pasaje entre Cochabamba y La Paz en temporada alta. En total, se recaudaron en 2005 menos de 4.000 dólares, cuando –según los cálculos del gobierno- el sector debería tributar cerca de 18 millones de bolivianos al año (unos 2.300.000 dólares).
La decisión de hacerlos tributar es a la vez una medida práctica (el Estado necesita liquidez para afrontar con urgencia demandas sociales tan legítimas como postergadas) y también una decisión política: que comiencen a pagar los que tienen con qué hacerlo.
Tan tamaña como infrecuente, esa decisión política dejó entrever lo que puede convertirse en escenario habitual en los próximos meses: una desestabilización “desde adentro” del gobierno indígena y progresista de Bolivia.
Y si los transportistas están escudados en demandas sectoriales, la clase más acomodada de Santa Cruz no lo está. En la semana que culminó el ministro de Educación y Culturas, Félix Patzi Paco, acusó el jueves a grupos de poder cruceños encaramados en el Comité Cívico de esa región y a las autoridades de la Alcaldía de Santa Cruz de sabotear el Plan Nacional de Alfabetización, con la cooperación de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Patzi señaló que el Comité Cívico Pro Santa Cruz inició una campaña de sabotaje con el argumento de que los países que cooperan quieren introducir su ideología, posición calcada de la que se verifica aún hoy en Venezuela, donde la oposición fustiga las misiones, extensos planes sociales encarados por el gobierno de Hugo Chávez.
En esta línea, el Gobierno de Morales sostuvo que la evidencia más grande es que un alcalde de la región intentó sabotear la campaña de alfabetización negándose a entregar los televisores y equipos de VHS dispuestos para tal fin.
“En esas regiones hay grandes terratenientes y a ellos les conviene tener una población analfabeta para seguir sometiéndola y que esa población no se rebele. Este es el asunto de fondo”, dijo el ministro de Educación, quien además aseguró que, a pesar de ese intento de sabotaje, el Poder Ejecutivo continuará con una campaña agresiva con el apoyo de las organizaciones campesinas como la Asamblea del Pueblo Guaraní y las Fuerzas Armadas de la Nación.
“Hay una oligarquía que se resiste a todo este cambio para seguir manteniendo sus privilegios como lo ha hecho a lo largo de la historia”, dijo el ministro. Sin pelos en la lengua, también, en el arranque de la nueva semana el presidente Evo Morales decidió adelantar para este mismo mes de abril la nacionalización completa de los hidrocarburos.
Junto a la Asamblea Constituyente prevista para el próximo 2 de julio, este anuncio de adelantar una nacionalización histórica parece ponerle fechas al enfrentamiento con las élites parcialmente desplazadas del poder en Bolivia. “No llegaré al gobierno para negociar”, le dijo Evo Morales a teleSUR pocas horas antes de ganar las elecciones en una primera vuelta aplastante, hace menos de cuatro meses.
A tan poco tiempo vista, el hombre parece más que nunca dueño de sus palabras.
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