El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana La Paz, 12 Oct (Erbol).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó hoy que el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad en los hechos violentos de octubre de 2003, donde más de 60 personas murieron y cerca de 400 resultaron heridas en los enfrentamientos con los militares en la denominada “guerra por el gas”.
Quintana, en entrevista con la Red Erbol, aseguró que en la masacre de hace cinco años hubo una fuerte intervención de Estados Unidos en la toma de decisiones del Estado Mayor del Ejército boliviano, que terminó con el fatal desenlace de muertos y heridos.
“En la toma de decisiones de la masacre ha existido una fuerte intervención de los Estados Unidos. Se ha ocupado el Estado Mayor del Ejército con la presencia de los militares norteamericanos para que al final de cuentas se llegará a la situación que se llegó, la masacre; entonces, también hay un elemento que vincula al gobierno de los Estados Unidos, al Comando Sur, al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa”, aseveró.
Indicó que producto de esta situación hay un fuerte interés del gobierno estadounidense para que no se sancione a los responsables de la matanza de octubre de 2003, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada, que es considerado por Washington un aliado importante, y Carlos Sánchez Berzaín, quien goza del beneficio de asilo político en Estados Unidos.
Quintana, en entrevista con la Red Erbol, aseguró que en la masacre de hace cinco años hubo una fuerte intervención de Estados Unidos en la toma de decisiones del Estado Mayor del Ejército boliviano, que terminó con el fatal desenlace de muertos y heridos.
“En la toma de decisiones de la masacre ha existido una fuerte intervención de los Estados Unidos. Se ha ocupado el Estado Mayor del Ejército con la presencia de los militares norteamericanos para que al final de cuentas se llegará a la situación que se llegó, la masacre; entonces, también hay un elemento que vincula al gobierno de los Estados Unidos, al Comando Sur, al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa”, aseveró.
Indicó que producto de esta situación hay un fuerte interés del gobierno estadounidense para que no se sancione a los responsables de la matanza de octubre de 2003, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada, que es considerado por Washington un aliado importante, y Carlos Sánchez Berzaín, quien goza del beneficio de asilo político en Estados Unidos.
