El vicepresidente Álvaro García Linera.La Paz, 03 oct (ABI).- El Gobierno del presidente Evo Morales aseguró la noche de este viernes que detrás de los argumentos sobre el supuesto incumplimiento del acuerdo que permitió la instalación del diálogo, se encuentra la intención de encubrir la masacre de Pando, y los actos delictivos como el saqueo de entidades públicas y el sabotaje al gasoducto por donde se exporta gas al Brasil.
El vicepresidente Álvaro García Linera, en conferencia de prensa, indicó que ese es el propósito de los argumentos presentados esta tarde por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, quien puso en duda la continuidad de las negociaciones por la presunta violación de las garantías constitucionales de los detenidos por los ilícitos que el Ministerio Público investiga.
"Creemos que detrás de estos pretextos falsos se encuentra otra realidad, la realidad de querer encubrir un conjunto de delitos cometidos en contra de los bolivianos al destruir instalaciones, al dinamitar oleoductos, al ocupar oficinas y al masacrar campesinos", manifestó el Vicepresidente de la República.
Indicó que en Bolivia rige el estado de derecho y que en ese marco el Poder Ejecutivo no tiene ninguna atribución para ordenar detenciones sobre las personas sospechosas y acusadas de asesinato, daños a la propiedad pública y terrorismo, respectivamente.
El vicepresidente Álvaro García Linera, en conferencia de prensa, indicó que ese es el propósito de los argumentos presentados esta tarde por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, quien puso en duda la continuidad de las negociaciones por la presunta violación de las garantías constitucionales de los detenidos por los ilícitos que el Ministerio Público investiga.
"Creemos que detrás de estos pretextos falsos se encuentra otra realidad, la realidad de querer encubrir un conjunto de delitos cometidos en contra de los bolivianos al destruir instalaciones, al dinamitar oleoductos, al ocupar oficinas y al masacrar campesinos", manifestó el Vicepresidente de la República.
Indicó que en Bolivia rige el estado de derecho y que en ese marco el Poder Ejecutivo no tiene ninguna atribución para ordenar detenciones sobre las personas sospechosas y acusadas de asesinato, daños a la propiedad pública y terrorismo, respectivamente.
