Buena parte de los gobiernos europeos y la propia Comisión Europea han reaccionado con preocupación y muestras más o menos contenidas de desagrado ante la decisión del Gobierno boliviano de recuperar el control sobre sus hidrocarburos. Se trata de una alarma que esclarece de manera nítida el código de valores y el orden de prioridades de estos gobiernos, incluidos aquellos que se dicen de izquierda. Porque, como ha aclarado el portavoz de energía de la Comisión Europea, Ferrán Tarradellas, la medida adoptada por el Gobierno boliviano no va a tener impacto en al seguridad del suministro de hidrocarburos a la Unión Europea, cuyos estados apenas importan una cantidad «insignificante» de petróleo de aquel país y ninguna de gas.
Ni las autoridades comunitarias ni los gobiernos europeos pueden estar tampoco preocupados por la legalidad del decreto. No cabe hablar de «inseguridad jurídica» como hizo Javier Solana. En primer lugar, la decisión está avalada por la propia Constitución de Bolivia. Además, está respaldada mayoritariamente por los bolivianos, no sólo porque en su día auparan al poder a Evo Morales, que ya incluía este punto en su programa electoral, sino porque en el referéndum vinculante celebrado el 18 de julio de 2004, nada menos que el 92,2% de los votos válidos respondieron sí a la pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todo los hidrocarburos en la boca de pozo para el Estado boliviano?».
Si la medida adoptada por el Gobierno boliviano no afecta al suministro de hidrocarburos a la Unión Europea, es perfectamente constitucional y cuenta con el respaldo abrumadoramente mayoritario de los propios bolivianos y bolivianas, ¿por qué están preocupados y enfadados los gobiernos europeos y las autoridades comunitarias? Lo explicó el portavoz de la Comisión Europea Johannes Laitenberger: «La medida afecta a ciertas empresas europeas». Ahí está el quid de la cuestión, que el código de valores y el orden de prioridades de los gobiernos europeos antepone salvaguardar los intereses de las empresas a los de los bolivianos y que confunden los intereses de esas mismas empresas con los de sus países. Ninguno de estos gobiernos se mostró contrariado mientras las empresas incumplieron las condiciones de decretos anteriores ni los principios de la Constitución boliviana. Sólo lo hacen ahora, cuando ven que estas empresas privadas pueden perder una parte de sus beneficios, obtenidos en gran medida, no se debe olvidar, de no respetar la legalidad de Bolivia. -
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