Bolivia
Mayo 21, 2006
Muerto hace treinta años, Luciano Durán Böger conocía a los “señores del desprecio” que se adueñaban de la tierra atropellando a sus humildes dueños y muchas veces matándolos. Hoy, en este 2006, año del cambio profundo en Bolivia, volvieron a lucirse los “señores del desprecio”. Apenas se anunció una distribución de la tierra, para que vuelva a ser dueño quien la trabaja, gritaron que iban a defender su propiedad hasta la muerte… y comenzaron a armarse.
De la reforma a la deformación
En agosto de 1953,
El inmenso territorio boliviano (un millón de kilómetros cuadrados) y una escasa población (tres millones de habitantes según el censo de 1950) que era campesina en más del 70%, hizo que aquella reforma agraria tuviera efecto decisivo en la región del altiplano y los valles, pero ninguna en las tierras bajas del oriente, norte y noroeste del país. Casi 650 mil km2 abarcan los tres departamentos de la zona tropical: Santa Cruz, Beni y Pando.
Cincuenta años después de aquella reforma, sucesivos gobiernos dictatoriales y corruptos, incluyendo el mismo MNR que promulgó el Decreto de Reforma Agraria, se legalizaron inmensas propiedades destinadas a la siembra de productos agroindustriales, ganadería o simplemente especulación. Un ministro de alguno de esos gobiernos, debió ser despedido ante el escándalo que se hizo público, por la compra dolosa de un millón de hectáreas.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), creado para garantizar la propiedad del campesino sobre su parcela e impedir la reaparición del latifundio, se convirtió en legalizador de los negociados con la tierra. En una oportunidad, al menos, el INRA fue intervenido, pero sobrevivió hasta ahora, logrando índices de corrupción insuperables.
En el otro extremo de la escala, las parcelas entregadas al campesino pobre, por ser indivisible e inembargable fue trasmitiéndose por generaciones y, ahora, los nietos y bisnietos de aquellos receptores, cultivan la misma parcela de tierra cansada y cada vez más pequeña para el número de descendientes. Las ciudades han crecido por la simple sumatoria de campesinos expulsados de la tierra y de obreros de las minas despedidos.
A nadie le pareció extraño que, al finalizar el siglo pasado, apareciera en Bolivia un Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST).
La rueda de la historia
Al comenzar los años 2000, la necesidad de una segunda reforma agraria era evidente para todos. Al aplicarse el modelo neoliberal, comenzó a plantearse suprimir los resguardos de la parcela campesina; habilitar su venta. Aunque no se concretó, la tierra ya estaba considerada como una mercancía más por los “señores del desprecio”.
Esta arremetida pudo contrarrestarse por las organizaciones sociales y el apoyo de varias ONG’s, que redactaron proyectos de ley discutidos por el Parlamento, pero que nunca fueron aprobados.
Las marchas indígenas, que comenzaron en los años ’90, demandaban derechos sobre tierra y territorio. Tierra como sustento del trabajo y territorio en condición de espacio habitable para el grupo humano.
Los campesinos sin tierra intentaron muchas veces ocupar propiedades ociosas, pero no pudieron asentarse. En una oportunidad, al sur del país, los terratenientes simplemente los masacraron; hasta ahora nadie purga ese crimen. En San Ignacio de Moxos (Beni), los empresarios ganaderos no tienen escrúpulos en invadir las tierras de los campesinos pobres, con el apoyo de las autoridades. Hasta ahora fue así.
Cada vez se hizo más urgente, por ineludible, una solución radical a un tema de primera importancia.
Días atrás, el vicepresidente García Linera anunció que estaban en preparación los decretos para distribuir 2 millones de hectáreas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. El revuelo alcanzó características de escándalo.
Basta leer este titular de un diario de Trinidad (Beni): “Cívicos y ganaderos advierten que defenderán sus tierras hasta la muerte”. En la crónica se relata que, en una reunión pública, uno de los más exaltados sostuvo que desde que supo del propósito de distribuir la tierra, había pedido “que me preparen un fusil o una escopeta, porque si es necesario defenderemos con la vida lo que por historia nos pertenece”. De hecho, se refiere a esa historia que Durán Böger noveló en su obra.
La insolencia delatora
El gobierno ha dicho, con anterioridad, que las tierras que están cultivadas o que albergan ganadería, no serán tocadas. Lo que el Estado revertirá son las propiedades llamadas “de engorde”, porque se compran y mantienen sin trabajar, improductivas, a la espera de que aumenten de precio por la demanda. Esa especulación es común en aquellas extensas regiones.
El argumento es que no permitirán que se entregue tierras a nadie que no sea nacido en esos departamentos; por supuesto, a quienes ellos reconocen como tales. Un alto porcentaje de bolivianos en esa región, son provenientes del altiplano y los valles; tienen hijos e incluso nietos nacidos allí, pero para la élite terrateniente siguen siendo “collas” y, por tanto, no aptos para tener tierras.
Acostumbrados a manejar sus asuntos arbitrariamente, usando fuerza bruta y armas de fuego, intimidaron a todos los gobiernos con sus bravatas y, por supuesto, esperan hacer lo mismo en esta ocasión.
La decisión del gobierno está tomada. Se distribuirá tierras a todos los bolivianos que la trabajen y será con la ley en la mano e imponiendo el orden.
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