La ofensiva empresarial

Bolivia

por Antonio Peredo Leigue

Abril 30, 2006

Un “paro cívico” en la población de Puerto Suárez, apoyada por todo el empresariado de Santa Cruz, exige la permanencia de la empresa siderúrgica MMX, filial de la brasileña EBX. Los “cívicos” porteños protestan porque, esa empresa les proporciona trabajo. El Estado inició acciones legales contra MMX, la que comenzó a instalar una planta para elaborar arrabio, violando la Constitución y las leyes.

Esta planta se abastecería del mineral extraído en Mutún, un enorme yacimiento ferroso a pocos kilómetros de la frontera este con Brasil. La concesión de tal explotación está postergada hasta fines de mayo, debido a que el gobierno suspendió el proceso de licitación, pues era notoriamente perjudicial para el país. Las empresas que se presentaron a la licitación lanzada por el gobierno anterior, aceptaron la postergación e, inicialmente, estuvieron dispuestas a concertar nuevas condiciones.

El factor EBX

Hasta ese momento no se sabía, o se hacía abstracción, de la presencia de una empresa que estaba en pleno trabajo de instalación. Cuando se hizo la denuncia, sus directivos mostraron un acuerdo firmado con una empresa boliviana. En junio del año pasado, EBX comenzó la construcción de dos de los cuatro hornos previstos para la siderúrgica, sin tener licencia ambiental y antes de contar con el contrato de riesgo compartido con la Zona Franca de Quijarro (ZOFRAMAQ), el cual se suscribió de manera preliminar el 2 de agosto; el acuerdo final fue cerrado en 2006.

ZOFRAMAQ es una sociedad anónima con propósito de manejo y almacenaje de carga y maquila. El contrato de riesgo compartido otorga 1% de acciones a la sociedad boliviana, quedando 99% en poder de EBX. Esta empresa se proponía explotar fundir arrabio usando carbón vegetal; en poco tiempo, los bosques cercanos desaparecerían.

Pareciera que, tantas ilegalidades, eran suficientes para provocar un rechazo general, sin excepciones. Pero la oposición empresarial, que busca motivos para estrellarse contra el gobierno, se alineó de inmediato en la defensa de la empresa ilegal sosteniendo que los “probables errores o incumplimiento de aspectos formales y administrativos pueden ser subsanados”. Habían encontrado el factor de enfrentamiento.

Manipulación y chantaje

Aunque el ferrocarril que sale de Santa Cruz cruza la frontera en Puerto Suárez, ésta ha sido una población olvidada. Habrá que asumir la importancia que le dan a una empresa de las dimensiones que tiene EBX. El alegato que esgrimen es la ocupación que les ha proporcionado a algunas personas; es cierto también que están magnificando la incidencia económica de tales empleos.

Entendiendo la situación, el gobierno ha ofrecido iniciar, en el menor plazo posible, tres grandes proyectos que darían trabajo a más de 2.100 personas en forma directa. Los “cívicos” de aquel puerto fluvial no han respondido hasta ahora. Es más, la declaración con la que, los empresarios de Santa Cruz, se alinean con los porteños, se publicó después que la oferta gubernamental.

Cabalgando sobre este conflicto, reaparecen los interesados en la licitación del Mutún, que ahora se oponen a la co-administración de la empresa que explotará el yacimiento. Es un ataque contra el gobierno, en toda regla, aunque no tiene muchas posibilidades, dada la ilegalidad de la demanda.