Exexlub/massolidario http://web.supernet.com.bo/execlub/newsletter/feb28-6.htm
ANDRES SOLIZ RADA / Ministro de Hidrocarburos de Bolivia
«Repsol ha perdido credibilidad para hacer negocios en Bolivia»
MERCEDES IBAIBARRIAGA. desde La Paz. Para EL MUNDO (Madrid-España)
Pregunta.- Se le considera el adversario de las petroleras. ¿Se siente cómodo con este apodo?
Respuesta.- Yo me siento un combatiente en las filas de un país semicolonial, tratando de retener la riqueza de la que se apropian los centros de poder mundial con las multinacionales, en complicidad con los oligarcas nativos.
P.- Usted denunció que Repsol YPF inscribió a nombre de la empresa las reservas pertenecientes al Estado boliviano en la Bolsa de Nueva York. Inmediatamente,
Repsol YPF comunicó que había sobreestimado sus reservas en Bolivia y las redujo en un 52%. ¿Lo considera una victoria?
R.- La revisión a la baja de las reservas de Repsol es mucho más que una victoria personal. Es una victoria de Bolivia y de los países que se enfrentan a la
sumisión y la dependencia.
P.- Evo Morales ha apelado a la ayuda de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la nacionalización de los hidrocarburos.
R.- Por ahora, lo único que puedo decir es que las Fuerzas Armadas han fortalecido su conciencia nacional con la victoria de Morales y que estarán junto al
pueblo cuando la propiedad de los hidrocarburos pase realmente al control del Estado.
P.- Usted ha dicho que la gestión de los yacimientos de gas y petróleo ha sido «demencial».
R.- Lógico. Antes, la petrolera estatal YPFB controlaba la exploración, explotación, refinamiento, industrialización, transporte y comercialización de
nuestros hidrocarburos. Pero por el Decreto 24806 (sobre los contratos de riesgo compartido) firmado en 1997 por el presidente vendepatria Sánchez de Lozada
(1993 a 1997), YPFB entregó gratuitamente el gas y el petróleo a Repsol y al resto de multinacionales. Eso significó una pérdida de unos 14.000 millones de
dólares para Bolivia. La indefensión fue tan grande que las petroleras explotaron nuestros hidrocarburos sin ninguna fiscalización. Nadie revisaba si sus
cuentas eran correctas o no y las declaraciones juradas que enviaban al Gobierno se aceptaban como un dogma.
R.- El problema está en que el decreto 24806 aprobó los modelos de contratos petroleros con unos anexos. Y en uno de los anexos se decía que la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo pertenecía a las multinacionales. La Gaceta Oficial, en la que deben publicarse todas las disposiciones legales, ocultó esos anexos, así que, durante varios años, Bolivia ignoró que le habían despojado de su gas y de su petróleo. Después, el presidente Carlos Mesa (octubre de 2003 a junio de 2005) suprimió ese decreto pero, como la ley no es retroactiva, las petroleras pretenden ahora que esos contratos, que se firmaron por 40 años, sigan vigentes. Eso es imposible, porque los contratos tienen que ser aprobados por el Congreso. Y como no lo fueron, se invalidan de forma inapelable. Son nulos. Sobre esta base se nacionalizarán los hidrocarburos. Si las petroleras
quieren quedarse, tendrán que firmar nuevos contratos, bajo las nuevas reglas del Gobierno de Evo Morales.
P.- ¿Qué motivos les llevan a un trato preferencial con Petrobrás en detrimento de Repsol YPF?
R.- Mire, la igualdad consiste en tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. Brasil tiene un gran mercado y el gas boliviano lo cubre en un 50%.
Esta es ya una razón para afrontar las relaciones entre YPFB y Petrobrás de forma distinta a las de Repsol.
P.- ¿Ha perdido Repsol la ocasión de hacer negocio en Bolivia?
R.- No cabe duda de que las acusaciones han debilitado la credibilidad de Repsol. Y a eso hay que sumar su grave error de inscribir como suyo el valor de los
hidrocarburos del Estado boliviano.
P.- ¿Bolivia puede ser socia de Repsol YPF mientras, a la vez, presenta una demanda por presunto delito de contrabando de más de 230.000 barriles de crudo?
R.- Si Repsol demuestra que no ha cometido delitos, no tendrá problemas para trabajar en Bolivia bajo las nuevas condiciones. Si es así, se despejará el camino
para nuevos emprendimientos con Repsol, como socio del Estado boliviano.
P.- ¿Cree que la denuncia contra Repsol YPF puede terminar con la salida de la petrolera del país?
R.- La primera empresa expulsada por delito de contrabando fue la Standard Oil, en 1937. La segunda, porque se nacionalizó, fue la Gulf Oil Company, en
1969. La próxima es aún una incógnita.
Soliz dice que si se define su legalidad, el Poder Ejecutivo lo acatará. Caso contrario, indica que se tendrán que firmar nuevos contratos. YPFB anuncia la modificación del art. 5 de la ley del gas.
El Gobierno propondrá al Parlamento que defina la legalidad o no de los 71 contratos firmados entre el Estado boliviano y las empresas del sector petrolero bajo la anterior ley de Hidrocarburos.
Así lo hizo conocer el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, quien recordó que para que estos contratos tengan plena validez, los mismos tenían que haber sido aprobados necesariamente por el Congreso.
Advirtió que, en caso de que el Parlamento considere que no se cumplió con uno de estos requisitos, las empresas petroleras tendrán que firmar nuevos contratos con el Estado boliviano.
“El Gobierno boliviano podría decir a las empresas: Señores, en verdad ustedes han estado trabajando, pero la Constitución dice que los contratos vayan al Parlamento; eso dice el artículo 59 de la Constitución. Entonces, que les parece señores de las petroleras si comenzamos por cumplir este requisito”, señaló.
Añadió que “si los contratos son legales, los vamos admitir, sino, querrá decir que habrá que hacer nuevos contratos”.
El artículo 59 de la Carta Magna señala que el Poder Legislativo tiene las atribuciones de “autorizar y aprobar (...) los contratos relativos a la explotación de las riquezas naturales”.
Soliz dijo que ésta es una de las ideas sobre los cambios que se pretende hacer a la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058).
De igual forma, ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), anunciaron que entre los cambios a la norma petrolera está la modificación del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, en el que se pondrá expresamente que las petroleras deben firmar nuevos contratos.
Por ahora, según Soliz, los temas están en análisis, pero dejó en claro que será el Parlamento el que decida si esos contratos son legales. La polémica que se abrió sobre la legalidad de los contratos de riesgo compartido, que suscribieron las empresas petroleras bajo la Ley 1689, aprobada por el Gobierno de Sánchez de Lozada, surgió cuando el MAS denunció -antes de ser gobierno- que esos documentos debían pasar por la aprobación del Congreso. Para las empresas, los modelos de contratos fueron aprobados cuando la Ley 1689 pasó por ese poder del Estado.
Soliz también anunció que “en estos días” el presidente Evo Morales dará un mensaje al país en torno a la política hidrocarburífera, así como los cambios a la Ley 3058. También se adelantó que el Estado fijará los precios de los carburantes.
La reducción de las reservas de Repsol-YPF es un avance en la nacionalización de los hidrocarburos, dijo el ministro del sector, Andrés Soliz.
´Con esta situación que ha ocurrido en Repsol se ha dado un paso gigantesco en la nacionalización de los hidrocarburos, en la medida en que no son las empresas las que van a determinar el manejo de nuestras reservas, sino es el Estado´, dijo.
Sobre el tema, fuentes del sector explicaron que el registro de reservas descubiertas por cualquier compañía en cualquier parte del mundo, como resultado de inversiones realizadas, es una práctica contable no solamente aceptada, sino un requisito. También restó importancia a los $us 476 millones que Repsol dejará de invertir en el país. Los comparó con los $us 150 mil millones que implican las reservas de gas de Bolivia. Asimismo, dijo que el Gobierno pedirá un informe a la Comisión del Mercado de Valores de EEUU sobre las petroleras que supuestamente inscribieron las reservas de gas como propias.
