Ley de Aguas entregó recursos hídricos
El Diario
Organismos financieros condicionaron al país la reducción de la deuda a través de la privatización, como el caso del agua. |
Los sectores más deprimidos del país son los que pagan las consecuencias de la imposición de los organismos financieros internacionales, que obligaron a que en Bolivia el servicio de agua potable sea privatizado a título de la denominada “concesión”, sostienen la Alianza Social Continental y la Fundación Solón.
La privatización del servicio de agua potable fue una condición de la renegociación de la deuda externa con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los años 90 en el marco del programa ESAF (Ajuste Estructural Reforzado). Este proceso sucedió -por ejemplo- con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) en Cochabamba el año 1998.
Resultado de esa exigencia, la Ley de Agua Potable afecta a los recursos hídricos de todo el país, porque instituye mecanismos autoritarios y verticales en la toma de decisiones, impone tarifas indexadas al dólar, tasas de retornos de más del 16 por ciento, monopolio y exclusividad, derecho de expropiación de los sistemas existentes y derechos privilegiados sobre las fuentes de agua, incrementos de tarifas entre 30 y hasta 300 por ciento, vulnerando el derecho humano en contra de los pobres de las áreas rurales y periurbanas, al agua potable.
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