miércoles, septiembre 03, 2008

La otra cara de la violencia racista y clasista en Santa Cruz


La rebelión social va pasando a un nivel superior en el oriente boliviano

La Epoca (de REBELION)


La violencia desplegada por grupos paramilitares el viernes 29 de agosto contra sectores humildes en el departamento boliviano de Santa Cruz, en su mayor porcentaje migrantes del occidente, tiene una triple significación: muestra el racismo con el que la ultraderecha busca recuperar el espacio perdido, es una señal de que las clases subalternas le van perdiendo miedo al dominio de la oligarquía y sus grupos paramilitares y, para finalizar, que las batallas definitivas de las que depende el curso de la revolución boliviana serán libradas en los departamentos de la Media Luna.

La afirmación no es una exageración. Es el resultado del cuadro política de fuerzas en el territorio boliviano: un occidente que se ha teñido de azul con un apoyo electoral cuyo promedio no es menor al 70 por ciento y un oriente en el cual el proyecto de cambio ha conquistado a la mayor parte de las provincias de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.

Esto explica el por qué la ultraderecha boliviana, que el lunes 25 de agosto recibió el respaldo del embajador estadounidense, Philip Golberg, en una reunión reservada en Santa Cruz, esté perdiendo la poca calma que le queda desde que un indio, contra todo pronóstico y actuando contra el “orden natural” de la democracia boliviana de las últimas dos décadas, triunfó en las elecciones de diciembre de 2005 con un 54 por ciento y dos años y medio después vuelve a obtener una histórica victoria con el 67.41 por ciento en el referéndum revocatorio del pasado 10 de agosto.

Demasiado dosis para tan poco tiempo. El impacto de este radical cambio en Bolivia ha sobrepasado al más pesimista y ha sacado de su juicio a los sectores más conservadores de las clases dominantes, la mayor parte de origen extranjero, que encubriendo sus intereses de clase han apelado al discurso regionalista y racista, además de un violencia creciente, para responder a la insurgencia indígena-popular que se abre paso a pesar de sus contradicciones y limitaciones.

“Qué podemos esperar de un indio maldito, y lo digo de corazón, porque no le tengo miedo, un cocalero, un sindicalista, qué podemos esperar de un tipo que no sabe nada”, gritaba eufórica Ruth Lozada, una dirigente del comité cívico femenino en la Plaza 24 de septiembre en la noche del jueves, minutos después de que el gobierno convocara por decreto a dos referéndum –constitucional y dirimitorio- para el 7 de diciembre.