Dirigentes de CIDOB (Foto Erbol)Por Wladimir PAINEMAL, desde La Paz
www.azkintuwe.org (de Rebelión)
En Bolivia se está en presencia de una abierta lucha ideológica por el poder. En este escenario, por parte de los prefectos opositores, se blanden los métodos más siniestros de la guerra sucia, donde los medios de comunicación cumplen un rol destacado, obviando realidades, negando hechos y generando ambientes de ingobernabilidad, algo conocido por todos quienes vivimos en Wallmapu. Un reporte desde la Paz del enviado especial de Azkintuwe.
Conmoción es la palabra que puede describir el ambiente que se vive por estos días en Bolivia. Mientras se van conociendo los detalles de la masacre de “El Porvenir” ubicado en el oriental Departamento de Pando, la indignación se ha tomado la capital del país andino, donde miles de personas recorren sus calles exigiendo justicia. La cantidad de muertos ha variado mientras siguen llegando detalles de la masacre. Los cuerpos encontrados hasta el momento suman 20 y presentan señales de tortura, descuartizamiento y estrangulamiento. De acuerdo a datos oficiales se calcula en 100 los desaparecidos al interior del monte, entre ellos niños y mujeres. Los informes hablan además de fosas comunes que fueron hechas para ocultar los crímenes.
Decenas de heridos no han podido acceder además a los centros de salud por el temor de ser agredidos por los “cívicos”. Los sobrevivientes aterrorizados relataron a los medios que muchos niños fueron lanzados al río y no será posible encontrarlos por la presencia de pirañas. Un detalle macabro de lo acontecido en “El Porvenir” el pasado 11 de septiembre es que la mayoría de los muertos son dirigentes indígenas, rematados en su gran mayoría con un disparo a quemarropa en el corazón. El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dueño del 70 por ciento de las tierras del departamento, es el principal inculpado. Su accionar fue más el de un terrateniente defendiendo sus bienes que de una autoridad.
Fernández es lejos el principal opositor al proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno de Evo Morales. Está acusado de financiar, apoyar y promover escuadrones de la muerte, entre los cuales se encuentran ciudadanos brasileños, peruanos y colombianos, llevados a la zona para luchar en contra de campesinos indígenas que reivindican sus territorios históricos. Actualmente se encuentra detenido por los cargos de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato. Aun así, se le han brindado todas las garantías de un debido proceso. La televisión lo muestra hablando ante la prensa con la confianza de que saldrá victorioso de esta acusación; lo ha visitado incluso una Comisión de la ONU para conocer su estado de salud. La Iglesia de Santa Cruz se dispone a realizar una misa a su favor y también para orar por los otros inculpados. Frente a ello, resulta inconcebible para un observador externo el abandono que estas mismas instancias hacen de las víctimas.
A esta situación se suma la persecución general a las organizaciones indígenas del oriente boliviano, quienes se han declarado en clandestinidad. La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) denunció la constante agresión y amenazas de muerte a mujeres e hijos e hijas de dirigentes. Pero a pesar de la situación de agresión que han sufrido, la organización reiteró su “vocación de vivir con paz y dignidad”. Actualmente se mantienen tomadas las instituciones públicas de varios departamentos de la media luna y paulatinamente se liberan los aeropuertos. Sin embargo, la situación se mantiene en tensión a pesar de los esfuerzos por posicionar una mesa de dialogo. Sobre 20 mil campesinos indígenas mantienen bloqueados los accesos a Santa Cruz exigiendo se entreguen las dependencias oficiales. Muchas de las instituciones tomadas son aquellas que catastran las tierras usurpadas y cuyos documentos han ido paulatinamente desapareciendo.
Conmoción es la palabra que puede describir el ambiente que se vive por estos días en Bolivia. Mientras se van conociendo los detalles de la masacre de “El Porvenir” ubicado en el oriental Departamento de Pando, la indignación se ha tomado la capital del país andino, donde miles de personas recorren sus calles exigiendo justicia. La cantidad de muertos ha variado mientras siguen llegando detalles de la masacre. Los cuerpos encontrados hasta el momento suman 20 y presentan señales de tortura, descuartizamiento y estrangulamiento. De acuerdo a datos oficiales se calcula en 100 los desaparecidos al interior del monte, entre ellos niños y mujeres. Los informes hablan además de fosas comunes que fueron hechas para ocultar los crímenes.
Decenas de heridos no han podido acceder además a los centros de salud por el temor de ser agredidos por los “cívicos”. Los sobrevivientes aterrorizados relataron a los medios que muchos niños fueron lanzados al río y no será posible encontrarlos por la presencia de pirañas. Un detalle macabro de lo acontecido en “El Porvenir” el pasado 11 de septiembre es que la mayoría de los muertos son dirigentes indígenas, rematados en su gran mayoría con un disparo a quemarropa en el corazón. El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dueño del 70 por ciento de las tierras del departamento, es el principal inculpado. Su accionar fue más el de un terrateniente defendiendo sus bienes que de una autoridad.
Fernández es lejos el principal opositor al proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno de Evo Morales. Está acusado de financiar, apoyar y promover escuadrones de la muerte, entre los cuales se encuentran ciudadanos brasileños, peruanos y colombianos, llevados a la zona para luchar en contra de campesinos indígenas que reivindican sus territorios históricos. Actualmente se encuentra detenido por los cargos de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato. Aun así, se le han brindado todas las garantías de un debido proceso. La televisión lo muestra hablando ante la prensa con la confianza de que saldrá victorioso de esta acusación; lo ha visitado incluso una Comisión de la ONU para conocer su estado de salud. La Iglesia de Santa Cruz se dispone a realizar una misa a su favor y también para orar por los otros inculpados. Frente a ello, resulta inconcebible para un observador externo el abandono que estas mismas instancias hacen de las víctimas.
A esta situación se suma la persecución general a las organizaciones indígenas del oriente boliviano, quienes se han declarado en clandestinidad. La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) denunció la constante agresión y amenazas de muerte a mujeres e hijos e hijas de dirigentes. Pero a pesar de la situación de agresión que han sufrido, la organización reiteró su “vocación de vivir con paz y dignidad”. Actualmente se mantienen tomadas las instituciones públicas de varios departamentos de la media luna y paulatinamente se liberan los aeropuertos. Sin embargo, la situación se mantiene en tensión a pesar de los esfuerzos por posicionar una mesa de dialogo. Sobre 20 mil campesinos indígenas mantienen bloqueados los accesos a Santa Cruz exigiendo se entreguen las dependencias oficiales. Muchas de las instituciones tomadas son aquellas que catastran las tierras usurpadas y cuyos documentos han ido paulatinamente desapareciendo.
