Antonio Peredo LeigueRebelión
Si las presiones llegaron al punto que, un Senador de la República, declaró: “no quiero ser víctima ni asesino”, tenemos la imagen de un Parlamento asediado al punto de peligrar la vida de sus miembros. Es la imagen que quieren mostrar los opositores a un gobierno que cometió dos delitos: ganarles con mayoría absoluta, duplicando el resultado que ellos obtuvieron y que un indígena rebelde asuma la Presidencia de la República.
La representatividad territorial del Senado Nacional determinó que, pese a esa mayoría, la oposición acumulase mayoría sólo en tres departamentos y minorías en los restantes. Eso le proporcionó ventaja en la cámara alta, de la que se valen –desde hace dos años– para negociar la aprobación de las leyes. La voluntad de diálogo del Movimiento al Socialismo (MAS) ha buscado consensos con esa oposición que, con frecuencia, actúa con intransigencia.
Sin embargo, hay temas en los que no es posible transigir. Temas tales como la Renta Dignidad, la Ley Anti Corrupción, el Sistema Universal de Salud (SUSALUD), entre otros que están detenidos en el Senado Nacional.
En cambio de eso, la agenda de esta cámara se colma con leyes regionales y municipales que, ciertamente, requieren tratamiento pero que, de ningún modo, pueden impedir el tratamiento de las leyes vitales.
Otra forma de atrasar las tareas legislativas, es el ejercicio de la función fiscalizadora del Senado. Diariamente se presenta una cantidad exagerada de peticiones de informes tanto escritos como orales y, de forma regular, interpelaciones. De este modo, la mitad de las sesiones se consume en extensos debates sobre las políticas que lleva adelante el gobierno. Es su derecho. Pero, cuando un derecho se ejerce exageradamente, pierde su validez.
Todo esto ha provocado reacciones de los sectores populares. Las presiones que se ejercen sobre el Congreso Nacional han ido en aumento. Pero, de ninguna manera, han llegado a los niveles críticos ocurridos en octubre de 2003 y junio de 2005. Sin embargo, es bueno recordar que, ni aún en circunstancias tan difíciles, los parlamentarios fueron agredidos más allá de gritos o empujones. Hay una notable diferencia entre la agresividad mostrada por los grupos opositores en Santa Cruz y en Sucre contra funcionarios públicos y contra constituyentes.
El panorama político del país ha cambiado profundamente desde el año 2000. Ya no es posible pretender que, el Parlamento o cualquier otro poder del Estado, actúe sin la fiscalización de las mayorías. Terminó la época en que, entre cuatro jefes de partidos, decidían el destino del país. Otro es el signo de estos tiempos y no pueden pretender que, la expresión del pueblo, se manifieste en documentos correctamente redactados y con firma de abogado patrocinante.
Pero, por supuesto, no se puede pedir tanto. Ellos siguen viviendo en ese pasado que fue enterrado definitivamente el 18 de diciembre de 2005.
La representatividad territorial del Senado Nacional determinó que, pese a esa mayoría, la oposición acumulase mayoría sólo en tres departamentos y minorías en los restantes. Eso le proporcionó ventaja en la cámara alta, de la que se valen –desde hace dos años– para negociar la aprobación de las leyes. La voluntad de diálogo del Movimiento al Socialismo (MAS) ha buscado consensos con esa oposición que, con frecuencia, actúa con intransigencia.
Sin embargo, hay temas en los que no es posible transigir. Temas tales como la Renta Dignidad, la Ley Anti Corrupción, el Sistema Universal de Salud (SUSALUD), entre otros que están detenidos en el Senado Nacional.
En cambio de eso, la agenda de esta cámara se colma con leyes regionales y municipales que, ciertamente, requieren tratamiento pero que, de ningún modo, pueden impedir el tratamiento de las leyes vitales.
Otra forma de atrasar las tareas legislativas, es el ejercicio de la función fiscalizadora del Senado. Diariamente se presenta una cantidad exagerada de peticiones de informes tanto escritos como orales y, de forma regular, interpelaciones. De este modo, la mitad de las sesiones se consume en extensos debates sobre las políticas que lleva adelante el gobierno. Es su derecho. Pero, cuando un derecho se ejerce exageradamente, pierde su validez.
Todo esto ha provocado reacciones de los sectores populares. Las presiones que se ejercen sobre el Congreso Nacional han ido en aumento. Pero, de ninguna manera, han llegado a los niveles críticos ocurridos en octubre de 2003 y junio de 2005. Sin embargo, es bueno recordar que, ni aún en circunstancias tan difíciles, los parlamentarios fueron agredidos más allá de gritos o empujones. Hay una notable diferencia entre la agresividad mostrada por los grupos opositores en Santa Cruz y en Sucre contra funcionarios públicos y contra constituyentes.
El panorama político del país ha cambiado profundamente desde el año 2000. Ya no es posible pretender que, el Parlamento o cualquier otro poder del Estado, actúe sin la fiscalización de las mayorías. Terminó la época en que, entre cuatro jefes de partidos, decidían el destino del país. Otro es el signo de estos tiempos y no pueden pretender que, la expresión del pueblo, se manifieste en documentos correctamente redactados y con firma de abogado patrocinante.
Pero, por supuesto, no se puede pedir tanto. Ellos siguen viviendo en ese pasado que fue enterrado definitivamente el 18 de diciembre de 2005.
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