ZafrerosRebelión
Más de 4 bolivianos por kilo de azúcar, en Bolivia, es un descaro; para referencia internacional, la cotización del dólar es Bs. 7.1. Pues bien: el gobierno boliviano decidió poner atajo a la especulación que ejercitaron, durante tanto tiempo, los empresarios del azúcar. Importando el producto, sin subvención alguna, una central de distribución vende bolsas de un kilo a Bs. 3.40. La reacción de los especuladores fue inmediata. Nada menos que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) dijo que, la medida del gobierno, crearía problemas en la producción del dulce.
Más de 4 bolivianos por kilo de azúcar, en Bolivia, es un descaro; para referencia internacional, la cotización del dólar es Bs. 7.1. Pues bien: el gobierno boliviano decidió poner atajo a la especulación que ejercitaron, durante tanto tiempo, los empresarios del azúcar. Importando el producto, sin subvención alguna, una central de distribución vende bolsas de un kilo a Bs. 3.40. La reacción de los especuladores fue inmediata. Nada menos que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) dijo que, la medida del gobierno, crearía problemas en la producción del dulce.
Veamos los antecedentes. En agosto de 1985, recién instalado el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se dictó el DS 21060 que, entre otras cosas, estableció la libre importación de todos los productos que considerase conveniente el comerciante. Las medidas eran drásticas y no admitían excepciones; por lo menos, así fue como las presentaron.
De hecho, los trabajadores, pequeños industriales y comerciantes, la mayoría del pueblo, sufrió las consecuencias y se ciñó el cinturón esperando que por fin se detuviera la inflación. Pero hubo excepciones y, en los casos que se dio, fue para beneficio de los empresarios mayores. Una reducción del 40% para el transporte de minerales exportados y la expresa prohibición de importar harina y azúcar. Los grandes negocios nunca perdieron, pues más adelante el Estado asumió las pérdidas de los bancos para sostener, dizque, la solidez financiera de un país que fue catalogado como pordiosero hasta enero de 2006.
Volvamos al tema del azúcar. En aquel tiempo (era el año 1985), el precio interno del azúcar eran casi el triple de la cotización internacional. Siendo productores de azúcar, teníamos que pagarla como si se tratase de un producto exótico. Bueno, más adelante, ocurrió lo mismo con el precio de los combustibles. En términos claros: la base del neoliberalismo fue siempre clara, los sectores más pobres pagan el enriquecimiento de los grupos de poder, en Bolivia o en Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo lograron ese beneficio que contradecía el espíritu del neoliberalismo? Y, además ¿quiénes fueron los beneficiarios? Una rápida gestión de los dueños de centrales azucareras, del mismo modo que los dueños de molineras y los empresarios mineros. Ante tales gestiones, que seguramente tuvieron sus respectivos alicientes, se dictaron sendos decretos prohibiendo la importación de azúcar y de harina y otorgando una rebaja sustancial al transporte ferroviario de minerales. Los beneficiarios, en el rubro azucarero, fueron los dueños de los ingenios que, para entonces, habían pasado a manos privadas. Es cierto que, aún ahora, los trabajadores tienen un número determinado de acciones pero que, en conjunto, representan un porcentaje mínimo del negocio. Si tomamos en cuenta que aquellos beneficios fueron acordados el año 1985, lo que en Bolivia se pagó como sobreprecio de este producto en más de 20 años, sólo tiene un calificativo: estafa.
Nos estafaron como quisieron, amparados en decretos que le dieron legalidad a los delitos cometidos durante todo ese tiempo. No hay retroactividad de la ley, es cierto. Debiera haber, sin embargo, un castigo al delito. Por lo pronto, tendrán que ajustarse al precio señalado por el gobierno, al precio justo que debieron cobrar siempre. Las protestas de los confederados no tienen asidero.
De hecho, los trabajadores, pequeños industriales y comerciantes, la mayoría del pueblo, sufrió las consecuencias y se ciñó el cinturón esperando que por fin se detuviera la inflación. Pero hubo excepciones y, en los casos que se dio, fue para beneficio de los empresarios mayores. Una reducción del 40% para el transporte de minerales exportados y la expresa prohibición de importar harina y azúcar. Los grandes negocios nunca perdieron, pues más adelante el Estado asumió las pérdidas de los bancos para sostener, dizque, la solidez financiera de un país que fue catalogado como pordiosero hasta enero de 2006.
Volvamos al tema del azúcar. En aquel tiempo (era el año 1985), el precio interno del azúcar eran casi el triple de la cotización internacional. Siendo productores de azúcar, teníamos que pagarla como si se tratase de un producto exótico. Bueno, más adelante, ocurrió lo mismo con el precio de los combustibles. En términos claros: la base del neoliberalismo fue siempre clara, los sectores más pobres pagan el enriquecimiento de los grupos de poder, en Bolivia o en Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo lograron ese beneficio que contradecía el espíritu del neoliberalismo? Y, además ¿quiénes fueron los beneficiarios? Una rápida gestión de los dueños de centrales azucareras, del mismo modo que los dueños de molineras y los empresarios mineros. Ante tales gestiones, que seguramente tuvieron sus respectivos alicientes, se dictaron sendos decretos prohibiendo la importación de azúcar y de harina y otorgando una rebaja sustancial al transporte ferroviario de minerales. Los beneficiarios, en el rubro azucarero, fueron los dueños de los ingenios que, para entonces, habían pasado a manos privadas. Es cierto que, aún ahora, los trabajadores tienen un número determinado de acciones pero que, en conjunto, representan un porcentaje mínimo del negocio. Si tomamos en cuenta que aquellos beneficios fueron acordados el año 1985, lo que en Bolivia se pagó como sobreprecio de este producto en más de 20 años, sólo tiene un calificativo: estafa.
Nos estafaron como quisieron, amparados en decretos que le dieron legalidad a los delitos cometidos durante todo ese tiempo. No hay retroactividad de la ley, es cierto. Debiera haber, sin embargo, un castigo al delito. Por lo pronto, tendrán que ajustarse al precio señalado por el gobierno, al precio justo que debieron cobrar siempre. Las protestas de los confederados no tienen asidero.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
