Albaro García LineraLa Paz, 20 mayo (ABI).- El presidente en funciones Alvaro García Linera destacó el jueves que la Ley Transitoria de Autonomías (LTA), ya aprobada por el Senado y que enervaba al político empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), protege los recursos públicos de los departamentos bolivianos y limitada los actos de autoridades tachadas por corrupción.
"Esta es una ley que protege los recursos públicos, es una ley contra los pícaros, los ladrones y los corruptos", afirmó el mandatario durante una rueda de prensa que ofreció en el Palacio Quemado en La Paz.
A contrapelo de las declaraciones de legisladores de oposición y de los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossio, que pusieron el grito en el cielo por la eminente vigencia de la LTA y que acusaron al gobierno y su fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional de arreciar con ellos, García Linera dijo que las autoridades departamentales sospechadas de corrupción serán sometidas a un proceso de investigación, por parte del poder Judicial, en base de cuyas conclusiones se definirá su continuidad o no en el cargo.
"Aquel pícaro, aquel que quiere robar, aquel que robó o es corrupto, esta ley limita y protege los recursos del departamento de Santa Cruz, protege el dinero de Tarija, protege el dinero de Beni, de La Paz o de Potosí, de Oruro, Pando o Chuquisaca", afirmó al tiempo de reflexionar que ninguna autoridad que haya incurrido en actos de corrupción puede mantenerse en el cargo así sea de carácter electivo.
"No puede haber autoridad acusada de un delito de corrupción que se quede en su cargo durante 5 años, no puede haber eso", sentenció.
El Vicepresidente, que ejerce la primera magistratura de la Nación en ausencia del presidente Evo Morales, que gira por Europa, abundó en los alcances del artículo 8 de la LTA que la oposición conservadora y Costas, Suárez y Cossio rechazaron de antemano.
"El polémico artículo 8 habla de una suspensión temporal de la autoridad. El procedimiento penal establece que hay una imputación del fiscal que ha acumulado un conjunto de pruebas de indicios y hace (eventualmente) una imputación a un alcalde o un prefecto o a un gobernador (y) eso no los suspende", explicó.
"Desde el momento de la imputación, el fiscal tiene hasta 6 meses para hacer la investigación y en esa investigación recabará más información y quizás (proceda) la imputación o quizás haga la acusación formal", apuntó.
García Linera recalcó que la LTA, expedida para su sanción en Diputados, no impide la juramentación, a cargo de Morales, pautada para el 30 de mayo, de las autoridades elegidas en los comicios subnacionales del 4 de abril último, para desempeñar las 337 alcaldías y las 9 gobernaciones bolivianas.
"Y si hay la acusación formal el alcalde o el gobernador no pierde su cargo, simplemente tiene una suspensión temporal. Se defiende (pero) en ese momento está suspendido temporalmente y si resulta que es inocente no hay ningún problema, regresa a ejercer su labor. Si resulta que las pruebas o los indicios son concluyentes ya procede una suspensión definitiva", aclaró.
Horas después que el CPSCZ convocara a un cabildo el viernes para evitar, supuestamente, la desafectación, en este caso, de Costas y, por extensión de Cossio y Suárez, García Linera se dijo extrañado que sólo estas autoridades se hayan expedido contra la LTA.
"Es curioso que de 337 alcaldes ningún alcalde se ha puesto en contra. Hay nueve gobernadores (y) de ellos 6 han respaldado la medida y hay 3 gobernadores que están queriendo llevar adelante una actitud de desacato" a la norma transitoria, sostuvo.
La ley marco de autonomías, prevista en la Constitución de Bolivia, entrará en vigencia en los plazos previstos hasta fines de julio que viene, subrayó.
"No debería haber nadie, en su sano juicio, que se oponga a una ley contra la corrupción a no ser alguien que ya sabe que ha cometido un delito. Esa persona protestará, pero esto garantiza la autonomía por la que pelearon los cabildos, los ciudadanos" en el país, agregó.
El pleno del Senado aprobó el jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de la Ley Transitoria de Autonomías, con modificaciones al documento presentado por la Comisión de Organización Territorial del Estado y de Autonomías, que afectaron inclusive al nombre que fue cambiado a Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas.
"Hemos aprobado la Ley Transitoria de Autonomías en sus estaciones en grande y en detalle, con algunas modificaciones de forma: en el título, en el título único, modificaciones de forma en dos artículos. Se adicionó un capítulo con tres artículos, dos incisos en el artículo primero, otro en la disposición final", informó la senadora oficialista Gabriela Montaño.
La senadora del Movimiento Al Socialismo lamentó que la oposición hubiera abandonado el pleno de la Cámara, luego de la aprobación del proyecto de ley en su estación en grande.
Explicó que entre las modificaciones, además del título, hubo una adición en el título único referido a la administración municipal y la autonomía de los pueblos indígenas.
El título único dice ahora "Transición de las prefecturas a gobiernos autónomos departamentales, funcionamiento de las asambleas departamentales y de la autonomía regional del Chaco boliviano y de administración municipal y la autonomía de pueblos indígenas", precisó Montaño.
"Los artículos 8, 9 y 10 no han sido modificados de la propuesta que hizo la Comisión de Autonomías al pleno de la Cámara Alta", enfatizó.
Esos tres artículos, considerados como los más conflictivos, generaron varios incidentes en la cámara de senadores, que se replicaron en tres regiones del país, donde sus líderes cívicos anunciaron movilizaciones en contra de la norma, a la que califican de inconstitucional.
Cc/ ABI
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"Esta es una ley que protege los recursos públicos, es una ley contra los pícaros, los ladrones y los corruptos", afirmó el mandatario durante una rueda de prensa que ofreció en el Palacio Quemado en La Paz.
A contrapelo de las declaraciones de legisladores de oposición y de los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossio, que pusieron el grito en el cielo por la eminente vigencia de la LTA y que acusaron al gobierno y su fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional de arreciar con ellos, García Linera dijo que las autoridades departamentales sospechadas de corrupción serán sometidas a un proceso de investigación, por parte del poder Judicial, en base de cuyas conclusiones se definirá su continuidad o no en el cargo.
"Aquel pícaro, aquel que quiere robar, aquel que robó o es corrupto, esta ley limita y protege los recursos del departamento de Santa Cruz, protege el dinero de Tarija, protege el dinero de Beni, de La Paz o de Potosí, de Oruro, Pando o Chuquisaca", afirmó al tiempo de reflexionar que ninguna autoridad que haya incurrido en actos de corrupción puede mantenerse en el cargo así sea de carácter electivo.
"No puede haber autoridad acusada de un delito de corrupción que se quede en su cargo durante 5 años, no puede haber eso", sentenció.
El Vicepresidente, que ejerce la primera magistratura de la Nación en ausencia del presidente Evo Morales, que gira por Europa, abundó en los alcances del artículo 8 de la LTA que la oposición conservadora y Costas, Suárez y Cossio rechazaron de antemano.
"El polémico artículo 8 habla de una suspensión temporal de la autoridad. El procedimiento penal establece que hay una imputación del fiscal que ha acumulado un conjunto de pruebas de indicios y hace (eventualmente) una imputación a un alcalde o un prefecto o a un gobernador (y) eso no los suspende", explicó.
"Desde el momento de la imputación, el fiscal tiene hasta 6 meses para hacer la investigación y en esa investigación recabará más información y quizás (proceda) la imputación o quizás haga la acusación formal", apuntó.
García Linera recalcó que la LTA, expedida para su sanción en Diputados, no impide la juramentación, a cargo de Morales, pautada para el 30 de mayo, de las autoridades elegidas en los comicios subnacionales del 4 de abril último, para desempeñar las 337 alcaldías y las 9 gobernaciones bolivianas.
"Y si hay la acusación formal el alcalde o el gobernador no pierde su cargo, simplemente tiene una suspensión temporal. Se defiende (pero) en ese momento está suspendido temporalmente y si resulta que es inocente no hay ningún problema, regresa a ejercer su labor. Si resulta que las pruebas o los indicios son concluyentes ya procede una suspensión definitiva", aclaró.
Horas después que el CPSCZ convocara a un cabildo el viernes para evitar, supuestamente, la desafectación, en este caso, de Costas y, por extensión de Cossio y Suárez, García Linera se dijo extrañado que sólo estas autoridades se hayan expedido contra la LTA.
"Es curioso que de 337 alcaldes ningún alcalde se ha puesto en contra. Hay nueve gobernadores (y) de ellos 6 han respaldado la medida y hay 3 gobernadores que están queriendo llevar adelante una actitud de desacato" a la norma transitoria, sostuvo.
La ley marco de autonomías, prevista en la Constitución de Bolivia, entrará en vigencia en los plazos previstos hasta fines de julio que viene, subrayó.
"No debería haber nadie, en su sano juicio, que se oponga a una ley contra la corrupción a no ser alguien que ya sabe que ha cometido un delito. Esa persona protestará, pero esto garantiza la autonomía por la que pelearon los cabildos, los ciudadanos" en el país, agregó.
El pleno del Senado aprobó el jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de la Ley Transitoria de Autonomías, con modificaciones al documento presentado por la Comisión de Organización Territorial del Estado y de Autonomías, que afectaron inclusive al nombre que fue cambiado a Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas.
"Hemos aprobado la Ley Transitoria de Autonomías en sus estaciones en grande y en detalle, con algunas modificaciones de forma: en el título, en el título único, modificaciones de forma en dos artículos. Se adicionó un capítulo con tres artículos, dos incisos en el artículo primero, otro en la disposición final", informó la senadora oficialista Gabriela Montaño.
La senadora del Movimiento Al Socialismo lamentó que la oposición hubiera abandonado el pleno de la Cámara, luego de la aprobación del proyecto de ley en su estación en grande.
Explicó que entre las modificaciones, además del título, hubo una adición en el título único referido a la administración municipal y la autonomía de los pueblos indígenas.
El título único dice ahora "Transición de las prefecturas a gobiernos autónomos departamentales, funcionamiento de las asambleas departamentales y de la autonomía regional del Chaco boliviano y de administración municipal y la autonomía de pueblos indígenas", precisó Montaño.
"Los artículos 8, 9 y 10 no han sido modificados de la propuesta que hizo la Comisión de Autonomías al pleno de la Cámara Alta", enfatizó.
Esos tres artículos, considerados como los más conflictivos, generaron varios incidentes en la cámara de senadores, que se replicaron en tres regiones del país, donde sus líderes cívicos anunciaron movilizaciones en contra de la norma, a la que califican de inconstitucional.
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