Leopoldo Fernandez responsable N° 1 de la masacre en PandoUna institución pública boliviana ha sido la primera en rendir un informe cumplido, solvente y fiable sobre los hechos ocurridos en el Departamento de Pando los días 11 y 12 de septiembre pasados. Se trata del Defensor del Pueblo, institución que tiene el mandato constitucional de velar “por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos” (Constitución, art. 127), “por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos” (Ley del Defensor del Pueblo, art. 1).
El informe se ha concluido a finales de noviembre. En él se ofrece no sólo una reconstrucción de los hechos tras un amplio trabajo de averiguación sobre el terreno y mediante testigos, sino también un discernimiento de responsabilidades respecto a las violaciones de una serie de derechos humanos durante el transcurso de ese par de días y los consecutivos. Responsabilidades las hay por omisión tanto de personal policial y militar como también del sanitario, ya por desatención, ya por maltrato para con las víctimas. Las fundamentales son desde luego por acción y éstas recaen en la Prefectura del Departamento y sus agentes formales e informales. Discerniendo responsabilidades, el informe se extiende también al escrutinio de las violaciones de derechos humanos bajo el estado de sitio implantado en Pando el 12 de septiembre, pero voy a centrar mi comentario en la calificación jurídica de lo que vino a llamarse justamente, no sólo por el mismo Defensor del Pueblo (p. 6), una masacre, la Masacre del Porvenir del día 11.
Los hechos quedan establecidos fehacientemente en el informe. El saldo más grave por supuesto es el de quienes no pueden contarlo, el de las víctimas mortales. Se identifican diecinueve personas fallecidas, de ellas dieciseis estrictamente en la Masacre del Porvenir por armas de fuego y con “la participación directa de recursos materiales y humanos de la Prefectura de Pando” (p. 17). La cifra no debiera darse por definitiva. Según acredita el propio informe, ante dicho ataque por fuerza armadas unas doscientas personas se lanzaron al río Tahuamanu para intentar salvar la vida ignorándose si algunas perecieron y fueron arrastradas por las aguas. Los supervivientes, familias enteras, se adentraron en el monte no pudiéndose tampoco asegurar que no se produjeran más desapariciones en la huida (p. 13). El informe tiende a dar la cifra de víctimas mortales por cerrada, pero no deja de registrar tales circunstancias.
