lunes, 19 de abril de 2021 | 16:57 Tomado de ABI/ https://www.abi.bo/#/noticia/3908
AUTOR Alex Anfruns
En Francia es posible escandalizarse por la visita del diputado Mélenchon a Bolivia y, al mismo tiempo, exonerar a la principal responsable de las masacres ocurridas un año antes en el mismo país. Así, en un artículo publicado el 21 de marzo en Le Monde, ignorando la cronología de los hechos y en contra de todas las pruebas, se atribuye al gobierno de Evo Morales la muerte de 35 personas ¡antes de su renuncia en noviembre de 2019!. En honor de la verdad y en respeto a las víctimas hay que señalar varias omisiones y falsedades.
En primer lugar, la renuncia de Morales no fue voluntaria ni el resultado de un levantamiento espontáneo de la población por una acusación de fraude electoral, sino que fue forzada por la intervención de las fuerzas armadas bolivianas. Su Comandante, ahora huido de la justicia, lo expresó así: “sugerimos al presidente que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. Con semejante presión de las fuerzas armadas, que se asemeja a una amenaza en debida forma de quienes sostienen el uso de la violencia legitimado por el Estado, ya no era posible que un presidente elegido democráticamente desempeñara sus funciones en condiciones normales.
En segundo lugar, al ocultar la causa de la dimisión, esa omisión se ve reforzada por la ocultación de las palabras del presidente Morales al anunciar su marcha, cuya motivación fue “evitar un baño de sangre”. Esto aún no había ocurrido en el momento de su dimisión. Por otra parte, se produjeron repetidas agresiones por parte de la oposición contra periodistas, directores de medios de comunicación, representantes institucionales y ministros, considerados como incondicionales de Evo Morales. Estos gravísimos atentados no se mencionan en la presentación de los hechos, que el artículo resume con la expresión “un presunto golpe de Estado”, con comillas incluidas. Además, el artículo atribuye falsamente a la gestión de Evo Morales las 35 muertes que se produjeron por la intervención de las fuerzas armadas bolivianas. La omisión de la fecha de las 2 masacres, por muy conocida que sea, impide situar correctamente la cronología de los hechos. En realidad, las víctimas deben contarse entre las personas que se manifestaron “por el retorno de la democracia” en Sacaba y Senkata en el intervalo de una semana, del 15 al 19 de noviembre de 2019. Asimismo, se debe restablecer la cadena de responsabilidades señalando la firma del Decreto 4078 por parte de Añez el día anterior, que permitía a los miembros de las fuerzas armadas el uso de armas de guerra con una exoneración de responsabilidad respecto a posibles víctimas.
Por último, la omisión de la fecha en la que Añez tomó posesión de su cargo como “presidenta de un gobierno de transición” en el período previo a la celebración de nuevas elecciones contribuye a la confusión sobre la cronología de los acontecimientos. Esta importante omisión se ve agravada por el contenido del artículo, cuyo tema principal es la prolongación de la detención preventiva de Añez por parte de la justicia boliviana, lo que refuerza la impresión en la mente del lector de que la acusada no tiene ninguna relación con los hechos que se le imputan, siendo esta idea de una “injusticia” evidente por los comentarios recogidos de su familia.
¿”Pacificación” o salvaje represión?
Al día siguiente, 22 de marzo, Le Monde volvió a la carga. En un artículo titulado “En Bolivia, la oposición impugna la detención de Jeannine Añez “, el autor alude tímidamente esta vez a una posible responsabilidad de Añez en “las masacres”. En efecto, se citan entre comillas: “según los términos utilizados por la CIDH”. ¡Como si hubiera alguna duda sobre la calificación que merecen estos hechos de una gravedad sin precedentes! Especificando que “¡La Sra. Añez tenía la pesada tarea de conducir a su país hacia la pacificación!” la autora parece matizar la responsabilidad de Añez, evitando establecer el vínculo entre esta supuesta “pesada tarea” y los hechos que admite, a saber: “al menos 19 personas murieron y otros cientos resultaron heridos por las fuerzas del orden y los militares”. Sobre todo, omite mencionar que la CIDH había denunciado lo siguiente: “el uso excesivo de la fuerza a través de la realización de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como la promulgación del Decreto Supremo Nº 4078, cuyo propósito era eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas (…) La Comisión observa que el Decreto Supremo Nº 4.078 estaba vigente al momento de las masacres de Sacaba y Senkata. Al respecto, la CIDH recuerda al Estado que, de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inaplicable por su invalidez y que, en consecuencia, los hechos de violencia cometidos durante los días en que estuvo vigente no pueden ser amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad de los agentes estatales“. Por lo tanto, al firmar este decreto, Añez dio luz verde a las masacres, prometiendo impunidad a los autores.
¿Podemos, pues, considerar seriamente estos asesinatos como el resultado inesperado y desafortunado de un deseo de “pacificar” el país? Recoger el argumento de la interesada, que había insistido en esta noción afirmando haber “pacificado el país” en contra de toda evidencia, no es una visión objetiva. El Defensor del Pueblo del Estado Boliviano contestó esta reclamación. En su informe de 313 páginas publicado en septiembre de 2020, esta organización niega esa inversión de la realidad: “no ha existido ni existe un proceso de pacificación real en el país (…). Aunque las movilizaciones sociales y los bloqueos de carreteras han cesado, las operaciones conjuntas de la policía boliviana y las fuerzas armadas, así como la exención de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078, la persecución de los opositores políticos, la violación sistemática de los derechos humanos y el manto de impunidad que los rodea no permitirán el restablecimiento de la paz y la armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia.”
La persecución de los opositores bajo el régimen de Añez es indiscutible, como reconoce el mismo artículo: “gobernó con mano de hierro durante un año, persiguiendo a los dirigentes del MAS, algunos de los cuales se vieron obligados a exiliarse”. Pero en lugar de informar sobre las manifestaciones que exigen justicia y reparación para los familiares de las víctimas, el autor se centra exclusivamente en la línea de defensa de Añez, destacando el deseo de impunidad de sus partidarios: “las manifestaciones se han multiplicado en los últimos días en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz. Los comités cívicos exigen “la liberación inmediata de los presos políticos”. ¿Creen que están soñando? No, se trata de presentar a Añez como una víctima ante el sistema judicial. “Las imágenes que la muestran tras los barrotes de una decrépita celda en una comisaría de La Paz (…) han dejado huella“. Y también: “Para muchos, es el símbolo de una ‘justicia a la orden’, según el abogado Ramiro Orias, miembro de la Fundación por un Juicio Justo”. O también: “Jeannine Añez, que sufre de hipertensión (…) clama por la ‘persecución política’“, así como el ineludible testimonio de José Miguel Vivano, director para las Américas de HRW, para quien la detención de Añez es “una vendetta política”. El círculo se completa cuando se constata la indiferencia de estas organizaciones por las víctimas del régimen de Añez, y se compara con el clamor que ha provocado su detención preventiva.
El abogado citado apunta a “una acusación frágil”, porque “los actos de terrorismo nunca han existido, es un abuso del sistema penal el que califica de terrorismo a un movimiento de protesta social”. Para él, el objetivo de la decisión es “castigar la disidencia”. Añez está acusada de “sedición, conspiración y terrorismo”, a los que se han añadido los cargos de “resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, decisiones contrarias a la economía y abuso de influencia”.
Hay que recordar que los miembros de la CIDH reaccionaron rápidamente en el momento de las masacres de la población civil, acudiendo al lugar en pocos días. El informe recogía numerosos testimonios de las víctimas y formulaba recomendaciones como el establecimiento de una misión de investigación internacional independiente sobre los hechos en cuestión. No es baladí recordar la reacción del “gobierno de transición” tras las conclusiones de la organización. “El trabajo de la CIDH es vergonzoso, por decirlo de una manera bastante delicada; es increíble ver cómo pueden comportarse algunas personas. Este trabajo no está bien hecho y lo vamos a corregir” – declaró el Ministro del Interior no electo Arturo Murillo. “Vamos a mostrar las pruebas de lo que ocurrió en nuestro país (…) (porque) este informe no refleja la realidad de los hechos” – y concluyó diciendo que el informe favorecía el “narcoterrorismo” – el término favorito del régimen para los opositores del MAS.
Por último, la idea de que es necesario llevar a Añez ante la justicia sólo se insinúa cuando la autora afirma que “por el momento, algunos hechos quedan impunes”. En realidad, el artículo insiste claramente en una sola idea, la de una “persecución política contra Añez “. Una indignación que comparten dirigentes como Bolsonaro, que criticó su detención al considerar que “la acusación de golpe de Estado no es razonable”. El golpismo en América Latina tiene hermosos días por delante…
Finalmente, Le Monde tardó casi un mes en rectificar discretamente sus errores al final del enlace a su artículo. Animemos a difundirlo como se debe: “Corrección, 14.04.21 a las 21 horas: Una versión anterior de este artículo, basada en un informe de la Agence France-Presse, afirmaba erróneamente que sobre Luis Fernando Camacho pesaba una orden de detención. También dijo que Jeanine Añez había tomado posesión como presidenta interina debido a un vacío de poder. De hecho, se había autoproclamado presidenta, ignorando la falta de quórum en la Asamblea Nacional. También se dijo que 35 personas habían muerto antes de la dimisión de Evo Morales cuando, en realidad, tres personas murieron en las manifestaciones previas a su dimisión. Otras personas murieron en otras manifestaciones después de que Jeanine Añez tomara el poder. Nos disculpamos por estos errores.
Alex Anfruns / .
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