De cómo se beneficia la prepotencia

Las mañas de una empresa italiana

Antonio Peredo Leigue
ALAI, América Latina en Movimiento

Euro Telecom International NV (ETI), reclama, al gobierno de Bolivia, una indemnización de 700 millones de euros que son algo más de mil millones de dólares. ETI administraba la empresa estatal de telecomunicaciones (ENTEL), que fue nacionalizada el 1 de mayo de 2007. El gobierno de Evo Morales acusó, a la empresa italiana, de no haber invertido los montos acordados y, por tanto, rescindió el contrato. Entonces, la italiana acudió al conocido CIADI, tribunal internacional de arbitraje que, como es sabido, falla a favor de las empresas en la mayoría de los casos.

¿Qué reclama ETI? Haber invertido millones de dólares que perdió por la intervención de sus instalaciones y del equipamiento que proveyó. Veamos cuáles son sus pérdidas. En noviembre de 1955, una empresa italiana adquirió la mitad más una fracción de las acciones de ENTEL. El monto que ETI se comprometió a invertir fue 640 millones de dólares.

A mediados de 2004, el gerente de ETI en La Paz, dijo que su empresa había invertido todo lo que podía. Añadió que, de acuerdo a contrato, un determinado monto de las ganancias debía destinarse obligatoriamente a inversiones en telecomunicaciones para Bolivia. Como ya se había avanzado todo lo que era posible, según expresó, quedaba un remanente de 300 millones depositados en un banco de Italia. Ese monto, que debió seguir subiendo en los siguientes tres años, nunca fue devuelto a Bolivia. Lamentablemente no hay ninguna prueba de esta declaración. Sin embargo, podría revisarse las cuentas de ENTEL en los años que estuvo en manos de la empresa italiana.

Pero, a fines de ese mismo año 2004, en junta de acciones cuya acta se publicó en diarios bolivianos, ETI decidió reducir el monto de sus acciones de seiscientos cuarenta a ciento ochenta millones de dólares. En cualquier razonamiento económico, esa reducción significa una de dos: la empresa entró en quiebra y quería salvar lo poco que le quedaba u obtuvo ganancias más que suficientes y quería retirarse de inmediato. En ninguno de los casos, la empresa estaba en condiciones de reclamar indemnización. Incluso, si dice haber invertido 640 millones de dólares, ¿por qué reclama mil millones? Puestos a demandar, ETI exige además un diez por ciento de interés sobre el monto de indemnización que le fije el tribunal arbitral. Abuso, sería un adjetivo cortés ante la prepotencia de ETI.

Por otra parte, ¿por qué se produce un cambio de tribunal? La demanda de ETI se presentó ante el CIADI. El reclamo que entonces hacía, alcanzaba a 150 millones de dólares. Ese tribunal debía presentar su laudo arbitral hasta el 31 de diciembre pasado. Si no podía hacerlo, las partes tendrían que sentarse frente a frente, sin mediador, para alcanzar un acuerdo. En el peor de los casos, para Bolivia, suponía pagar 100 millones.

En diciembre, era evidente que el CIADI no podía entregar su resolución. Entonces, llamaron a la Dra. Rocabado, que en ese momento ejercía como nuestra Ministra de Defensa Legal. No era la persona adecuada para esa función, como lo demostró su actuación. Fue llamada a Washington y no se le ocurrió mejor cosa que aceptar la exigencia de ETI para cambiar tribunal. Acusada por la Ministra de Transparencia de grave daño al Estado, se defiende afirmando que actuó por consejo del bufete que contrató Bolivia para atender el caso. Por supuesto, esos bufetes actúan conforme a los requerimientos de los interesados. A su retorno, la Dra. Rocabado debió presentar su renuncia.

Ahora ETI pide mil millones de dólares y el gobierno boliviano se ve obligado a aceptar que el trámite pase a otro tribunal.

Sólo en abogados, el Estado ya ha gastado medio millón de dólares. Ahora lanza otra convocatoria internacional para contratar un bufete de abogados a costo que no puede sobrepasar la suma de 450 mil dólares. Por supuesto, sólo puede ser un bufete de Estados Unidos. Aparte de representarnos ante los árbitros y decirnos cuáles son las reglas que debe seguir nuestro país, ¿creen que el bufete nos ayudará en algo?

Metidos en el programa de reajuste estructural desde 1985, que en Bolivia asumió la forma del decreto 21060, aceptamos que las leyes de otros países, siempre favorables a las transnacionales, decidieran cualquier controversia con las empresas que llegaban a expoliar nuestros recursos. El principio jurídico de estos arbitrajes es que, la inversión de capitales, debe ser resguardada. No importa los abusos que haya cometido ni las transgresiones en que haya incurrido, el capital es el capital y siempre debe tener protección. No hay forma de ganarles, ni siquiera de empatar. Agreguemos a eso la ayuda que recibe de nuestros defensores y el cuadro está completo.

¡Que no vengan a decir que, si avanzamos en un programa de cambio, debemos ajustarnos a las reglas internacionales! Esas, son sus reglas; no las nuestras. UNASUR debe avanzar aprisa, debemos crear nuestras propias comisiones arbitrales y exigir que sean ellas las que decidan cómo deben manejarse las inversiones en nuestros países. Después de todo, ellos vienen a obtener ganancias aquí, no hacen beneficencia. Para muestra, basta un botón: la solidaridad de los poderosos para la reconstrucción de Haití, apenas alcanza al 1% de lo que Washington gasta para sus guerras en Irak y Afganistán.
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