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domingo, octubre 21, 2007

El cinismo sin límites de la oposición boliviana

Sus prefectos y alcaldes atesoran las rentas de los hidrocarburos negándoselas al pueblo necesitado

Alberto Montero Soler

Los cambios en Bolivia nunca son fáciles. Da igual que se trate del más complejo de ellos –refundar el Estado a través de un proceso constituyente- que de la introducción de alguna reforma que, por justa, es tan evidente que ni siquiera merecería justificación y sí el aplauso unánime.

Todo es motivo de alharaca; de rechazo por principio y hasta el final; de marchas kilométricas y agotadoras; de llamamientos a movilizarse por parte de organizaciones cívicas que, paradójicamente, de lo que hacen gala es de una monumental falta de civismo.

El eje de la controversia se sitúa, en estos días y dejando de lado el circo constituyente y todo lo que le rodea, en la decisión del gobierno de Evo Morales de crear una renta universal para los mayores de 60 años a pagar con los beneficios de los ingresos fiscales de la explotación de los hidrocarburos y cuyo monto ascendería a 2.400 bolivianos (unos 307 dólares) al año.

Este beneficio social sustituiría al actual Bonosol, una renta anual vitalicia de unos 1800 bolivianos (unos 230 dólares) que percibe la población mayor de 65 años y cuyos recursos provienen de los dividendos de las acciones de las empresas capitalizadas –es decir, privatizadas- que fueron distribuidas entre la población boliviana. Con esas acciones se conformó un fondo no contributivo denominado Fondo de Capitalización Colectiva gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas hasta que el gobierno reclamó su tutela el año pasado (1).

Como puede apreciarse, la propuesta del gobierno de Morales, conocida ya como “Renta Dignidad”, no sólo eleva el monto de la renta sino que, además, reduce la edad para tener derecho a la misma, ampliando, por lo tanto, el universo de sus beneficiarios.

Si actualmente al Bonosol tienen acceso unas 450 mil personas, la nueva renta podría ser disfrutada por más de 730 mil personas. Personas que, por otra parte, se encuentran entre las más necesitadas e indefensas de la sociedad en uno de los países más pobres de América Latina. Personas que, además, habitan un país en donde los últimos datos muestran que la esperanza de vida media al nacer es de 65 años (en España, por ejemplo, la media es superior a los 80 años) y que, por lo tanto, se encuentran con la tétrica paradoja de que muchos de ellos no llegarán a percibir el Bonosol porque la edad para tener acceso al mismo coincide con la que la estadística augura para su deceso.

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