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jueves, marzo 30, 2006

Pobres pagan consecuencias de la privatización del agua

Ley de Aguas entregó recursos hídricos


El Diario

Organismos financieros condicionaron al país la reducción de la deuda a través de la privatización, como el caso del agua.

Los sectores más deprimidos del país son los que pagan las consecuencias de la imposición de los organismos financieros internacionales, que obligaron a que en Bolivia el servicio de agua potable sea privatizado a título de la denominada “concesión”, sostienen la Alianza Social Continental y la Fundación Solón.

La privatización del servicio de agua potable fue una condición de la renegociación de la deuda externa con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los años 90 en el marco del programa ESAF (Ajuste Estructural Reforzado). Este proceso sucedió -por ejemplo- con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) en Cochabamba el año 1998.

Resultado de esa exigencia, la Ley de Agua Potable afecta a los recursos hídricos de todo el país, porque instituye mecanismos autoritarios y verticales en la toma de decisiones, impone tarifas indexadas al dólar, tasas de retornos de más del 16 por ciento, monopolio y exclusividad, derecho de expropiación de los sistemas existentes y derechos privilegiados sobre las fuentes de agua, incrementos de tarifas entre 30 y hasta 300 por ciento, vulnerando el derecho humano en contra de los pobres de las áreas rurales y periurbanas, al agua potable.

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