¿Cómo explica el debilitamiento de la oposición después de más de dos años de pruebas de fuerza?
El gobierno del presidente Evo vio a la Asamblea Constituyente como la posibilidad de armar un gran ensamble colectivo de todas las fuerzas sociales del país. Nos metimos de cabeza en este proyecto pactista. Internamente al seno del pueblo, había que cohesionar al bloque popular, con muchas dificultades, porque había mucha diversidad corporativa, y luego había que dar como siguiente paso la apertura hacia los otros sectores sociales opositores, minoritarios pero importantes.
Y en ello dimos muestras de voluntad de flexibilizar posiciones políticas, de ceder en demandas e incluir a todos. Pero el bloque social opositor había definido una estrategia de bloqueo o suspensión constituyente, esto es de irresolución de la estructura de poder, y optó por el rechazo a los pactos constituyentes una y otra vez. Su objetivo consistía en prolongar la crisis de Estado iniciado en el año 2000, debilitando al gobierno a la espera de un momento donde la correlación de fuerzas le fuera favorable para la resolución de la crisis.
Y nosotros aun así insistimos. El debate sobre los llamados “dos tercios” a fines de 2006 fue un primer amague de lo que estaba en juego, y de la decisión de un sector que no estaba dispuesto a aceptar su posición de minoría política democrática. En los dos tercios y en el tema de la omnipotencia de la Constituyente cedimos, fuimos para atrás, pero a la vez, como contraparte, empujamos la consolidación de una mayoría social y política que también se convertía en una mayoría decisoria constituyente.
El segundo gran momento de confrontación fue el tema de la capitalidad de Sucre. Se desenterró un tema centenario, causante de una guerra civil en 1899, como punta de lanza para volver a suspender la Constituyente. Ahí el bloque opositor cívico-prefectural de derecha nos mostró que estaba dispuesto a todo, incluso a poner en riesgo la vida de constituyentes con tal de inviabilizar la posibilidad de un pacto nacional. Y nosotros, frente a ese escenario, volvimos a ofrecer enormes concesiones.
Visto a la distancia, la dirigencia cívica sucrence, que era empujada por atrás por las elites cruceñas, estaba obteniendo una gran cantidad de logros: casi un tercio de las sesiones de Congreso a Sucre, las oficinas del Defensor del Pueblo, de la Procuraduría, quizás de la Corte Nacional Electoral, un con-junto de instituciones que le daban una relevancia administrativa y económica a Sucre, además de una viabilización más rápida de un conjunto de obras de infraestructura. Pero tampoco aceptaron. Y comprobando que no había ningún interés en acordar, sino en antagonizar indefinidamente, es que nos lanzamos ala aprobación de la Nueva Constitucion, primero en la Calancha, en grande, y luego ya en Oruro. Es decir, resolvimos definir por vía de las mayorías constituyentes la estructura del poder estatal.
En esta época usted habló de “punto de bifurcación”.
Sí, enseguida llego ahí. Pese a todo esto, hicimos un nuevo intento y fuimos a buscar a Rubén Costas, a Leopoldo Fernández a su hacienda, fuimos a buscar a Branko Marin-kovic y, por último, le propusimos a la gente de Jorge Quiroga un proceso de destrabamiento. Ahí, de manera incontrastable, estaba claro que había un sector minoritario que iba a impedir por todos los medios la solución, vía el proyecto nacional-popular, de la crisis estatal iniciada en 2000.
Y claro, nosotros necesitábamos la Constituyente para constituir el nuevo Estado, para anclar en las instituciones y relaciones de mando duraderas del Estado la nueva correlación de fuerzas alcanzadas por el movimiento indígena-popular en el ciclo de movilizaciones de 2000-2005. En el fondo, una Constitución, lo que hace es solidificar una serie de puntos de apoyo irreversibles, de conquistas y mandos alcanzados históricamente por la trama de las luchas de poder de una sociedad. Y la prueba final de esta voluntad confrontacional de la oposición minoritaria de derechas vino cuando se lanzaron a la convocatoria a las consultas departamentales sobre los estatutos autonómicos a realizarse en mayo de 2008. Se trataba de una búsqueda de disputa de facto del poder político regional, de una suerte de poder dual regionalizado o escisión vertical antagonizada de la estructura del Estado. Llegado ahí, no había punto de retorno: la derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial.
La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que, en última instancia, el poder del Estado es coerción. A esto es que denominamos “punto de bifurcación”, o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. Es el momento de inicio del nuevo orden estatal de manera autoproducente.
Y todo ello mediante el despliegue, medición o confrontación de fuerza desnuda de los dos bloques polarizados. El punto de bifurcación es el momento excepcional, corto de duración, primario pero decisorio, en que el “príncipe” abandona el lenguaje de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción. Entonces, ya era cuestión de tiempo la llegada de ese día de fuerza y nosotros entre mayo y septiembre de 2008 nos preparamos para ese momento.
Fue un momento bélico o potencialmente bélico. La derecha golpista realizó sus consultas e inició gradualmente la conformación de pequeños poderes regionales que desconocían al gobierno. Nosotros entendemos esa señal y nos desplegamos en una estrategia envolvente, como la llaman los militares. Tanto por el lado de los mecanismos coercitivos del Estado como por la vía de la movilización social.
Para mayo, se hace un análisis con las organizaciones sociales y con las propias Fuerzas Armadas evaluando los principales riesgos que había en el país y se instruye la preparación de planes de contingencia ante la eventualidad de una radicalización de la estrategia golpista de la derecha.
Ahí se hace un primer plan de contingencia de una gran movilización nacional en defensa de la democracia que no se lo ejecuta pero ya estaba elaborado tanto en lo social como en lo militar. En agosto, apostaron por una derrota electoral del gobierno, a fin de restarnos legitimidad democrática, pero ganamos el referéndum (revocatorio de agosto de 2008). Lejos de retroceder en el apoyo democrático, el gobierno incrementará su aceptación del 54 al 67%, consolidando una mayoría social en todo el territorio nacional, incluyendo en regiones anteriormente dominadas por la oposición.
Esto desquicia a la derecha. Después de dos años de estrategia de bloqueo constituyente, ahora pretendían una rápida recuperación del poder, comenzando desde el ámbito departamental. Pero el revocatorio ampliaba la legitimidad nacional del gobierno del presidente Evo e irradiaba la fuerza política del bloque indígena-popular a la totalidad de los departamentos.
En vez de entender el momento, la derecha decidió atacar. Las reglas de la guerra, y la política es la prolongación de la guerra por otros medios, enseñan que cuando un opositor es fuerte no se lo debe atacar directamente, y cuando un ejército es débil nunca debe promover ni aceptar entablar batalla ante uno más fuerte. La derecha hizo exactamente todo lo contrario a este ABC de la lucha por el poder. Enceguecida, se lanzó a la confrontación en el momento de mayor fortaleza política-electoral del gobierno y de mayor incertidumbre de la extensión de la base de apoyo de la derecha; y ahí comenzó su derrota.
Tras los resultados del referéndum aprobatorio de agosto, el bloque cívico-prefectural inicia su escalada golpista: toman las instituciones, esperamos; atacan a la policía, esperamos; destruyen y saquean las instituciones públicas en cuatro departamentos, esperamos; desarman a soldados, esperamos; toman aeropuertos, esperamos; destruyen ductos, esperamos. Ellos mismos se lanzan des-bocados a un callejón sin salida. Usan la violencia contra el Estado, dando el justificativo moral de una respuesta contundente del Estado contra ellos, que se la comenzará a desplegar en una escala gigantesca. Además, a medida que incendian y saquean instituciones públicas, se deslegitiman ante su propia base social quedando en horas como un puñado de violentos. Y viene Pando… El prefecto desata la masacre de Pando en un intento de dar una señal de escarmiento a los líderes populares… y este acto colma la tolerancia de la totalidad de la sociedad boliviana.
La masacre de campesinos igualará a los prefectos con sus mentores Sánchez de Losada o García Meza, y pondrá en manos del Estado la obligatoriedad de una intervención rápida, contundente, en defensa de la democracia y la sociedad.
Y sin dudar un solo segundo, se lo hará en el eslabón más débil de la cadena golpista, Pando. Se tratará del primer estado de sitio dictado en defensa y protección de la sociedad, encontrando el pleno apoyo de la población horrorizada por la acción de los golpistas.
Esto, sumado al rechazo internacional de los golpistas, detendrá en seco la iniciativa cívico-prefectural, dando lugar a su repliegue desordenado. Es el momento de una contraofensiva popular, cuya primera línea de acción serán las organizaciones sociales y populares del propio departamento de Santa Cruz. No sólo campesinos y colonizadores se movilizaran sino pobladores de los barrios plebeyos de Santa Cruz y especialmente jóvenes urbanos, quienes en memorables jornadas de resistencia a las bandas fascistas, defenderán sus distritos y quebrarán el dominio clientelar de las logias cruceñas.
La contundencia y firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz creó una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia.
Esa era la dimensión y la extensión general del “ejército” y las “divisiones movilizadas” en contra del golpe. Esa era la fuerza de choque que el proyecto indígena-popular desplegaba para el momento definitorio de fuerza.
La derecha evaluó sus fuerzas de choque aisladas y en desbandada, comprobó la voluntad política del mando indígena-popular que estaba dispuesto a todo y prefirió abdicar de sus propósitos y rendirse. De este modo, se cierra el ciclo de la crisis estatal, de la polarización política y se impondrá, en una medición bélica de fuerzas sociales, la estructura duradera del nuevo Estado. Una cosa parecida sucedió en 1985, cuando los mineros, que eran el núcleo del Estado nacionalista, se rindieron frente a las divisiones del ejército que resguardaban el proyecto neoliberal.
Hoy, le tocó al bloque empresarial-terrateniente asumir la derrota y dar paso a la nueva correlación de fuerzas políticas de la sociedad. A su modo, septiembre-octubre de 2008 tuvo el mismo efecto estatal que la derrota de la “marcha por la vida” de los mineros en 1986. Sólo que ahora es el bloque plebeyo el que festeja la victoria y las elites adineradas tendrán que asumir su derrota histórica. Lo que vino después fue la validación político parlamentaria de ese triunfo popular. Sobre la marcha de victorias electorales y militares, el gobierno indígena-popular llevará a la consagración institucional de la correlación de fuerzas lograda en el momento del “punto de bifurcación” Y eso lo hará mediante la aprobación congresal de la Nueva Constitución Política del Estado.
El Congreso se transformó por unos días en una especie de Congreso constituyente que articuló el trabajo de la Asamblea Constituyente cerrada nueve meses atrás, los acuerdos gubernamentales con el bloque minoritario de prefectos conservadores en las semanas previas, y la deliberación popular de la marcha emprendida por las organizaciones obreras, indígenas, campesinas y populares que a la cabeza del presidente Evo llegaron a la ciudad de La Paz desde Caracollo. Bajo las nuevas circunstancias, era claro que el eje articulador indígena-popular del Estado se imponía por su propio peso en el orden estatal constitucional. Pero a la vez, el resto de los sectores sociales eran articulados a partir de su propio debate en la Asamblea Constituyente (clases medias, sectores empresariales medianos y pequeños, etc.) Incluso el bloque conservador rentista de la tierra, expresado políticamente por los prefectos y cívicos, fue tomado en cuenta, pero claro, como sujeto social dirigido por el nuevo núcleo estatal indígena-popular, y en menor intensidad que lo que podía haber logrado si asumía la convocatoria pactista de 2006-2007. No se puede olvidar que este trabajo político también serviría para arrebatar a la derecha la bandera autonómica, detrás de la cual había disimulado la defensa del latifundio y el rentismo empresarial.
De esta manera, el bloque de poder nacional-popular no sólo se consolidaba materialmente en la estructura estatal, sino que asumía el mando de los tres ejes discursivos del nuevo orden estatal que guiarán todos los debates políticos en las siguientes décadas: plurinacionalidad, autonomía, conducción estatal de la economía. Visto a la distancia, pese a toda la conflictividad de los tres años, en términos de los resultados duraderos, las cosas no podrían haber sucedido de mejor forma para el bloque nacional-popular en el poder. Al final, las condiciones de concesión a los adversarios hubieran sido mucho mayores en un pacto constituyente que los reconocimientos e inclusiones cedidas a un adversario abdicante y derrotado, por lo que la historia no siempre transcurre por el lado malo como creía Hegel.
Así, en agosto se consolida la victoria electoral, en septiembre la victoria militar y en octubre (con la aprobación congresal del referéndum constitucional) la victoria política. Y con eso, ciertamente, se cierra el ciclo constituyente y a partir de ese momento se inicia la estructura de orden unipolar del nuevo orden estatal.
¿Hasta dónde el debilitamiento tan notorio de la oposición podría trasladar las tensiones hacia el interior del bloque oficialista, habida cuenta que una oposición al acecho siempre es muy efectiva para cohesionar a las propias bases?
Yo no creo, no obstante, que la oposición haya sido desbaratada definitivamente. La oposición hoy no tiene un proyecto de poder, carece de discurso movilizador con efecto estatal pero tiene aún mucho poder económico, mucho poder mediático y tiene un poder de veto gigante en muchas cosas.
Sigue siendo un adversario riesgoso. Ciertamente que en el ámbito económico el Estado ha logrado dar golpes contundentes en el desmontamiento de una parte del poder económico conservador: la burguesía rentista e intermediaria ya no tiene a las empresas petroleras como generosas financistas. La red clientelar agraria que los rentistas de la tierra crearon en el ámbito agroindustrial se ha debilitado enormemente con la presencia de la empresa estatal de alimentos EMAPA, y la presencia pública en la cadena soyera, triguera, arrocera llega al 20 o 30% del total de la producción. Pero aún el bloque opositor irreductible conserva otros espacios importantes de poder agrario, comercial y financiero, y eso le da a la larga capacidad de agregación, presión y confrontación. Pero hoy, y eso puede durar unos años, lo que no tiene es un proyecto de Estado; cuánto tiempo no lo tendrá, quién sabe, pero tiene un proyecto de impedir que siga avanzando el proyecto popular.
A diferencia de las clases populares, que en 1985 son derrotadas, y materialmente desestructuradas para dar lugar a un ciclo lento de reorganización, la derecha no. La derecha ha sufrido un golpe político, ha perdido el mando del Estado, ha perdido la capacidad de seducir estatalmente a la sociedad, pero tiene mucho poder económico todavía. Es distinta la forma de consolidación del punto de bifurcación cuando es el sector popular el derrotado, política y materialmente, que cuando se trata del sector empresarial, porque puede perder en lo político pero conserva poder económico que le permite tener poder de veto permanente. Entonces, ahí sigue ese adversario, fragmentado, desorientado, pero como adversario, y con capacidad de bloqueo. Ahora, en ese escenario en el que la contradicción fundamental se ha apaciguado, se ha debilitado surgen mayores posibilidades de tentaciones al interior del núcleo central, eso es verdad.
¿Pero por qué no lograron prosperar lo que en la historia de muchos partidos son tendencias escisionistas al interior del núcleo dirigente?
Por varios motivos. En primer lugar, sin duda, por el liderazgo apabullante del presidente Evo en la estructura política y social del Estado y de la propia sociedad. Hoy, la figura, el carisma y la adhesión que ha alcanzado el presidente Evo es de tal magnitud que limita objetivamente la existencia de otro liderazgo que pudiera disputar la base social del gobierno y de la sociedad.
Pero hay otro elemento relevante que explica los límites materiales de un fraccionalismo al interior del gobierno: la ausencia de facciones con poder económico. El control de ministerios habilita a tener influencia, redes, que permiten conformar facciones económicas.
No hay que olvidar que somos un Estado que ha pasado a invertir de 600 a 2.300 o 2.400 millones de dólares, y es normal que en cualquier parte surjan facciones de poder económico, núcleos que controlan inversiones, decisiones, fábricas, ingresos, fuerza laboral. Se da en Brasil, se da en Argentina, se da en Venezuela. Pero aquí se ha creado, hasta ahora y de una manera sistemática y vigilada, una estructura laboral gubernamental que impide, que ha impedido, la consolidación de núcleos consolidados de influencia y de poder económico, no digamos de propiedad, con capacidad de desempeño y presencia política autónoma al interior del gobierno. En ello varios factores han intervenido: elevada rotación de funcionarios, un control presidencial del funcionamiento diario de los ministerios, pero también una moral interna, una especie de espartanismo gubernamental reivindicador de una ética del servicio público que ha limitado, hasta hoy, la cristalización de facciones de poder económico que son las que alientan potencialmente el fraccionalismo político.
Eso ha permitido que haya un núcleo muy duro y cohesionado alrededor del Presidente que ayuda a que internamente no emerjan tendencias centrífugas. Este es el intento de construir una moral del servicio público en el núcleo decisional del gobierno, ¿pero qué pasa en la base? Víctor Paz Estenssoro explicó el fin de la Revolución Nacional cuando las pegas a repartir eran menos que los militantes del MNR,
¿No puede pasar lo mismo con el gobierno del MAS?
Paz Estenssoro asumía esa presión del militante arrivista como un hábito político, en continuidad con una lógica política prebendal que nunca buscó superar. En Bolivia, desde el siglo XIX, la actividad política ha sido vista como un medio de ascenso social más que un medio para el servicio a la res publica. De hecho, la estructura material de las clases sociales en Bolivia pera de tal manera que los procesos de enclasamiento y desclasamiento no dependan tanto del capital cultural para ascender socialmente sino del capital político, esto es, de las redes e influencias políticas que garantizan el acceso a bienes privados. Esto, que era un monopolio exclusivo de casta y alcurnia hasta 1952, desde entonces se amplió a clases medias y niveles dirigenciales del sindicalismo obrero.
En la actualidad, hay sectores que presionan por una mayor “democratización” de esta forma prebendal de la acción política y reclaman el derecho a un puesto público por el hecho de pertenecer a alguna dirección regional del MAS. Frente a esa presión y degeneración de la militancia política, el gobierno ha sido muy contundente en su rechazo y sanción.. ¿Por qué expulsamos a Adriana Gil en 2006? Por eso, porque entonces se formó un núcleo de militantes masistas que se fueron a tomar una institución para pedir que sea para que ellos ocupen puestos de trabajo.
En abril del mismo año, se expulsó a quienes querían continuar con el viejo hábito de la militancia como acceso a un cargo público. A partir de ese momento, el propio Presidente no sólo puso en pie una ética política de la gestión pública como servicio, sino que además ha sido clarísimo en que los compañeros que se inscriben como militantes del MAS no deben esperar formar parte de las estructuras administrativas del Estado y que, por el contrario, deben esforzarse por fortalecer la estructura organizativa e ideológica del partido.
Si uno compara históricamente los cambios en el personal del Estado, entre nuestra gestión de gobierno y las precedentes, comprobará que nosotros no hemos realizado ni un 20% de los cambios que anteriores administraciones implementaban. En tiempos del MIR, ADN, MNR, ni los porteros ni las cortinas de los despachos se salvaban del “barrido” partidario. Entonces, para nosotros, no es una preocupación que haya muchos militantes y pocos cargos; al contra-rio: eres militante, entonces no tienes cargo. Y esto lo hemos enfatizado bajo la concepción de la política como una especie de largo “servicio militar” para servir a la sociedad.
¿Pero esto no impide la formación de cuadros al interior del propio MAS?
Ese es un gran problema, pero no es tanto por este tema. Una de las grandes debilidades de nuestra estructura política, de este proceso, es la ausencia de cuadros políticos y técnicos. En las revoluciones mundiales los partidos que han ascendido al gobierno han tenido previamente décadas de preparación y selección de cuadros que les permitió asumir con mayor musculatura organizativa los cambios de la sociedad.
El mismo MNR que se forma en los años 30 tendrá más de quince años de formación antes de acceder al gobierno. Pero el MAS, que surge el año 1995 como estructura política local, recién en 2000-2001 se planteara la temática de una estructura nacional con voluntad de poder, y en 2005 ya es gobierno.
Son apenas cuatro años de preparación. Y eso ha generado dificultades, ya que en el núcleo político básico, el MAS no es una estructura de cuadros sino una coalición flexibles de movimientos sociales. Se ha hecho esfuerzo por potenciar la parte organizativa de los cuadros, pero el rápido crecimiento en niveles urbanos ha obligado a reafirmar la disciplina militante sindical frente a prácticas más liberales y prebendales en el ámbito de los niveles urbanos. Cuando se forma el partido la estructura, digámoslo así, de cuadros funcionales urbana, era paralela a la estructura sindical agraria y compartían los niveles de decisión política . Pero ya en gobierno, una parte de la estructura urbana se dedicará a buscar cargos, por lo que para limitar este tipo de desviaciones y prácticas se decide, desde 2007, que en los niveles nacional, departamental y regional de las estructuras partidarias asuman el mando las organizaciones sociales.
Entonces, ¿de dónde vienen los cargos?
Desde que somos gobierno, se han reforzado los mecanismos de selección meritocrática en los niveles técnicos de la administración pública, en tanto que los cargos de confianza política pasan por el tamiz de las organizaciones sociales nacionales. Desde 2007, la postulación a cargos de confianza política ya no pasa por las listas de las direcciones departamentales.
Con respecto al affaire Santos Ramírez,¿cómo afectó al proyecto económico del gobierno considerando que YPFB es una empresa emblemática de este proceso?
YPFB no es sólo la empresa emblemática, es la empresa que sostiene económicamente al país y la base material de la soberanía reconquistada. Tiene un flujo de caja de unos 3.500 millones de dólares, y, para Bolivia esto es muchísimo dinero. En términos de propiedad, YPFB controla, a nombre del Estado, entre 2.200 y 2.300 millones de dólares. Hoy, 50% de nuestras exportaciones son petróleo y gas y esas exportaciones pasan por YPFB. Es el corazón de la economía boliviana y debe ser una de las veinte empresas más importantes de América Latina.
Por ello, las primeras informaciones sobre la corrupción en YPFB fueron un golpe muy duro porque golpeó a la empresa emblemática del país, pero encima se la afectó de la mano de un compañero que era a futuro uno de los más posibles sucesores del presidente Evo en el liderazgo político del MAS.
Y ante esa dureza, se respondió de manera inmediata y con la misma dureza: apartar a Ramírez, instantáneamente, del mando de la empresa y apoyar públicamente las investigaciones del Ministerio Público. Rompiendo, así, la vieja tradición de los partidos tradicionales de ocultar, dilatar o por último encubrir los actos de corrupción de sus militantes con peso político; nosotros decidimos dar una nueva señal: en gobierno y ante los intereses del pueblo no hay amigos, no hay familiares, no hay militantes, no hay compadres ni comparseros. Hay servidores o corruptos, y estos últimos deben ir a la cárcel sin consideración alguna. No podemos permitir ni un atisbo de error o sospecha en el núcleo dirigente. La instrucción fue clara: que se haga cargo la Justicia y que nadie presione. Se estuvo muy atento a que ningún nivel del Estado interfiera, presione, insinúe para nada en favor de Santos. Pero el daño está hecho. Tuvieron que pasar meses para ir curando esa herida.Pero, otra vez, se nota la ausencia de cuadros.
De ahí que hayamos tenido que aprobar una ley que habilite salarios más elevados que el del Presidente para cuadros técnicos de empresas estratégicas. Es nuestra forma local de la NEP leninista (Nueva Política Económica, en la Rusia pos revolucionaria). El objetivo de la NEP, además de la alianza con los campesinos, era fundamentalmente reclutar técnicos para administrar los niveles subalternos del Estado, habida cuenta que si bien el Estado es una estructura política tiene niveles burocrático-administrativos y técnico-científicos que requieren de conocimientos y saberes que no pueden ser adquiridos ni transformados rápidamente.
Lenin, para terminar la catástrofe económica que se dio inmediatamente después de la revolución, tuvo que recontratar a los técnicos del antiguo Estado, hasta crear gradualmente una administración más simple. E instruyó: debajo de cada técnico pongan un joven que aprenda, y nosotros estamos haciendo lo mismo.
Ya lo iniciamos en 2006: se cambia la organización y las personas de los niveles decisionales de la administración pública (ministros, viceministros y algunos directores), pero no se toca la estructura secundaria de la administración estatal, hasta formar cuadros estatales, jóvenes, que sustituyan a los antiguos. Ahora tenemos nuevos retos: empresas estatales nuevas que se agigantan en uno, dos o tres años.
Necesitamos gente competente, que hay que reclutar en el mercado laboral. De ahí la ruta que hemos adoptado: mando político comprometido en los niveles de decisión y funcionarios técnicos de primera, con sueldos muchas veces superiores a los propios gerentes de las empresas donde trabajan. Eso le pasa a Carlos Villegas, él gana 13.000 Bolivianos y un gerente de Andina puede ganar 60.000 Bolivianos o 15.000 dólares; de momento no nos queda otra opción, hasta que se logre formar una nueva generación de servidores públicos con gran eficiencia técnica pero, además, con compromiso político que permita nuevamente igualar la escala salarial.
En el gobierno hay una narrativa muy fuerte en torno a la descolonización ¿cómo se mediatiza este objetivo en términos de políticas culturales y educativas?
La descolonización tiene varias dimensiones y es un hecho fuerte del proyecto de poder de los movimientos sociales. Hemos recibido una sociedad colonizada hasta los tuétanos; en lo económico había que pedir limosna a países extranjeros para pagar salarios, en lo político había que pedir permiso a las embajadas para escoger ministros, en lo espiritual la gente creía que el poder era un argumento de piel y apellido, en lo mental la gente pensaba que todo lo que venía de universidades extranjeras era saber y el resto folclore. Para derrumbar esta loza que aplastaba la energía vital de los bolivianos, el primer paso que adoptamos ha sido la descolonización política: tomar decisiones como país sin consultar a gobiernos extranjeros.
Acá el ministro de Gobierno tenía que pasar por el visto bueno de la embajada de Estados Unidos, el ministro de Hacienda por el visto bueno del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Un segundo momento es la descolonización económica, lo que en términos generales significa romper con el flujo de externalización del excedente: la sociedad genera un excedente y por distintas vías –poéticamente, las venas abiertas de América Latina– ese excedente se transfería en ingentes cantidades hacia el exterior.
La descolonización significa, entonces, la ruptura de esos flujos de desangramiento, para que el excedente generado se reinyecte otra vez en el país, que es lo que hemos hecho con el decreto de nacionalización y con la gradual recuperación de las empresas públicas y con las políticas de tipo de cambio, con las políticas impositivas respecto de las remesas de las ganancias… el mejor ejemplo es el government take petrolero. El government take varía entre 65 y 77% cuando antes era del 27%, es decir de la ganancia de los hidrocarburos sólo 27% se quedaba en Bolivia. Hoy de cada 100 dólares de ganancias, entre 65 dólares en los campos más pequeños y 77 en los grandes campos se queda en el país. Esta es la base material de la soberanía económica. Luego viene el otro ámbito, más duradero y más complicado, quees la descolonización cultural y espiritual de la sociedad. El quiebre del paradigma colonizador lo dio la propia sociedad al elegir, por primera vez en la historia del país, a un presidente indígena. Y a partir de ese momento, toda la simbología colonial que aprisiona la vida y el alma, ha comenzado a quebrarse irreversiblemente.
Hoy tenemos a un indio campesino gobernando Bolivia, ante el que los militares tienen que cuadrarse, los funcionarios deben cumplir instrucciones, los empresarios deben solicitar audiencias, y cortes y gobernantes rendir honores… La descolonización cultural tiene entonces, dos ejes que deben ser abordados complementariamente. Uno referido a la diversidad de culturas, de idiomas, de historias y memorias. Y el otro eje referido a la diversidad de civilizaciones, esto es de modos de producción del sentido de la vida, del tiempo, de la política. La descolonización en el primero de los ejes, el cultural, es más fácil de lograr, y ya hay experiencias en otras sociedades multiculturales (Bélgica, India, Canadá):
enseñanza en varios idiomas, administración pública plurilingüe, narrativa histórica plural dentro de la historia común nacional, que viene a ser una historia nacional de varias naciones, etc. La escuela y la universidad van a enseñar obligatoriamente entres idiomas: castellano –como idioma de integración–, una lengua extranjera –como idioma de comunicación con el mundo– y un idioma indígena dominante en la región (aymara en La Paz, quechua en Cochabamba y guaraní en Santa Cruz).
En el ámbito del Estado, los funcionarios públicos deben aprender un idioma indígena también de acuerdo a la zona. Lo mismo en la atención, las
publicaciones, los discursos estatales públicos. Y siguiendo en el plano cultural, la descolonización de la memoria, la reivindicación oficial de otros héroes, de las fechas de los pueblos indígenas. La historia diversa, mestiza e indígena, tiene que oficializarse en textos de enseñanza. Lo que es más complicado es la descolonización desde el punto de vista civilizatorio; eso tiene que ver ya con la matriz organizativa y cognitiva de las personas. En el ámbito de la educación, se trata de reivindicar otros saberes, otras construcciones discursivas, no necesariamente escritas, del conocimiento; cómo vamos a lograr eso, es parte de un debate interno en el gobierno; cómo vamos a preservar como patrimonio público lo que está escrito en los textiles (tejidos aymaras), como saber del Estado. Es un debate complicado.
En el área de salud ya se han dado pasos más grandes, por ejemplo colocando junto al médico al “naturista”, o al lado de la enfermera la partera, y la gente puede optar en el centro médico. Es un prototipo de saber y de procedimiento médico que el Estado está comenzando a institucionalizar, aunque no hay aun una reglamentación de este saber local disperso pero que corresponde a otra civilización, no solamente a otra cultura.
Otra lógica de entender lo que es la muerte, la vida, la sangre, la comida. En el ámbito político también hemos avanzado al incorporar la democracia comunitaria comouna de las democracias legítimas en el modo de producción de decisiones del Estado. O la incorporación del control social vía las estructuras sindicales, asociativas, comunitarias, hacia la administración del Estado.
Y en lo económico hemos incorporado, reconocido, fomentado y financiado las estructuras comunitarias como parte del área productiva que tiene que decidir una parte de la inversión del TGN. Se trata de un proceso complejo y largo. Pero ya hemos comenzado a dar pasos decisivos.
“Junto al derecho de las comunidades está el derecho del Estado”
Al escuchar a Evo Morales se advierte un desfase entre sus discursos en defensa de la Pachamama, la tierra y el territorio, más hacia fuera, y un discurso más desarrollista hacia adentro, incluyendo denuncias de las ONGs que promueven una Amazonía sin petróleo ¿cómo lo explica usted?
Está claro que la lógica productiva campesina y comunitaria se basa en un tipo de racionalidad productiva localmente sostenible con la naturaleza, porque tiene como fundamento una lógica de adelantos y restituciones entre generaciones. Se trata de un hecho material que para garantizar el alimento de los hoy presentes, se lo tiene que hacer preservando las condiciones alimenticias para los que vendrán después, lo que lleva a una lectura dialógica y a un vínculo sostenible a largo plazo con la naturaleza.
La forma como se racionaliza y se verbaliza eso da lugar a la ritualidad dialogante con la naturaleza, en tanto cuerpo vivo al que se le pide permiso, se le pide lo necesario para la reproducción y se devuelve luego y se mantiene ese cuerpo para garantizar a largo plazo este intercambio metabólico entre ser humano y naturaleza. Tomando un concepto de Marx al estudiar la comuna rural en la India en los Grundisses, en la civilización
campesina la naturaleza se presenta, entonces, como una externalización orgánica de la subjetividad. Por tanto, tu no puedes destruir tu propio cuerpo a no ser que seas suicida. El movimiento campesino ha defendido y va a defender una forma de uso que hoy llamamos racional de la naturaleza,
opuesto a los procesos de depredación propia de la civilización del valor-ganancia.
De ahí que en América Latina en el movimiento indígena-campesino haya habido una construcción discursiva de militante defensa de las potencias de la naturaleza frente a la depredación expansiva de la explotación capitalista. Con el tiempo, esta lógica productiva agraria y campesina devino una lógica política de enfrentamiento con el Estado desarrollista neoliberal. El tema se complejiza cuando los campesinos indígenas, anteriormente excluidos de la ciudadanía y del poder económico, se vuelven bloque dirigente y conducente del Estado y la comunidades devienen en parte del Estado, que es lo que nos está pasando en Bolivia.
Entonces, por una parte, se lleva hacia el ámbito estatal esta lógica de la relación dialogante con la naturaleza; pero a la vez, en cuanto eres Estado, necesitas recursos y excedentes crecientes para atender necesidades básicas de todos los bolivianos, y de los más necesitados, como las comunidades indígenas y populares urbano-rurales. Y ahí, evidentemente, se genera una tensión. Por tanto, tienes que caminar con los dos pies. Expandir como política de Estado la protección del medio ambiente, el uso sostenible dela naturaleza, pero a la vez necesitas producir en gran escala, implementar procesos de industrialización expansiva que te habiliten excedente social para su redistribución y para el apoyo a otros procesos de modernización campesina y comunitaria y artesanal.
En el caso de la exploración de gas y petróleo en el norte paceño, lo que buscamos es producir hidrocarburos para equilibrar geográficamente las fuentes de riqueza colectiva de la sociedad, generar excedente estatal y simultáneamente preservar el entorno espacial en coordinación con las comunidades indígenas. Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado.
¿Y quién asegura que el Estado no sea tan depredador como las empresas transnacionales?
Hay que cuidar que no lo sea. Ciertamente habrá una tensión entre lógica social-estatal de un uso sostenible de la naturaleza, y la necesidad social-estatal de generar excedentes (ganancias) económicas a cargo del Estado. Se trata de una tensión como lo es el “Estado de movimientos sociales”, entre democratización del poder y monopolio de decisiones (movimiento social/ Estado). Hay que vivir con esa contradicción vital de la historia. No hay receta. ¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte
amazónico de La Paz? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras económicas de la sociedad boliviana, porque el rápido desarrollo de Tarija con el 90% del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. Se necesita, por tanto, equilibrar a largo plazo las territorialidades del Estado. Igualmente, se requiere excedentes económicos para reforzar estructuras comunitarias, para expandirlas, para buscar modos de modernización alternativos distintos a la destrucción de las estructuras comunales, como viene sucediendo hasta hoy. Y a la vez, es necesario impulsar, en acuerdo con las comunidades, una producción hidrocarburífera no depredadora del entorno.
¿Si las comunidades dicen que no, igual el Estado va a entrar?
Aquí viene el debate, ¿qué ha pasado? Cuando hemos consultado a la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), nos ha pedido que vayamos a negociar a Bruselas con su buffet de abogados y que respetemos unos enunciados medioambientalistas publicados por USAID. ¿Cómo es eso? ¿Quién está impidiendo que el Estado explore petróleo en el norte de La Paz: las comunidades indígenas Tacanas, una ONG, o países extranjeros? Por ello, hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades indígenas para llevar adelante la exploración y explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio.
En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica; pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante.
Por Maristella Svampa, SOCIOLOGA; Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR, RESPECTIVAMENTE, DE LE MONDE DIPLOMATIQUE, EDICION BOLIVIANA (agosto 2009).
M.S., P.S., R.B. © LMD ed. Boliviana, agosto 2009.
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