Piratas
Las actitudes y discursos del inglés Browne fueron realizadas en actos públicos en los cuales las autoridades bolivianas se mantuvieron con un perfil de aceptación y, en algún caso, agradecimiento, ante las agresivas palabras del visitante. El Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia, José Luis Gutierrez, se mostraba complacido cuando el diplomático defendía las inversiones de la petrolera transnacional British Gas (BG) demandando “seguridad jurídica y preocupación por las inversiones inglesas” y reclamaba por la indemnización de 70 millones de dólares a una empresa de generación de energía eléctrica nacionalizada en mayo de 2010, ante la mirada atónita del Presidente de YPFB, Carlos Villegas.
La transnacional BG realiza operaciones en Bolivia en la explotación de gas natural y, en asociación con el consorcio REPSOL de España, opera el campo Margarita, uno de los campos gasíferos más ricos de Bolivia, y Huacaya, teniendo además un contrato por Caipipendi, en la empresa YPFB-Chaco. Por otra parte, Browne reclamó un pago pendiente de 70 millones de dólares por la nacionalización de Guaracachi y RURELEC, empresa de energía eléctrica nacionalizada por el gobierno de Evo Morales.
Por otra parte, aprovechando la “donación” inglesa de un laboratorio forense de 700.000 dólares para la lucha contra el narcotráfico, el inglés reclamó por la existencia de leyes muy laxas en Bolivia y que “la coca boliviana no es positiva para su gobierno (el de Londres) que pretende frenar el consumo de drogas en Europa”. El viceministro responsable del área de control del narcotráfico y de la coca, Felipe Cáceres, escucho en silencio la exhortación.
De la misma manera en que la Vicepresidenta de España, Maria Teresa Fernandez de la Vega, defendió, hace tres años en su visita a Bolivia, a la transnacional REPSOL, en momentos en que su país “regalaba” ambulancias a Bolivia, ahora el Secretario inglés reclama por la British Gas cuando realiza una “donación” de laboratorio. Lo que no se toma en cuenta es que durante más de una década (1994-2005) las transnacionales petroleras saquearon el gas boliviano por una cifra superior a los10.000 millones de dólares y consiguieron, después de la frustrada Nacionalización de los Hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, nuevos contratos en los que mantienen importantes ganancias y ventajas.
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